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Corte Constitucional

Comunicado de Prensa No. 32 del 14 y 15 de octubre de 2026

<Disponible el 16 de octubre de 2026>

La Corte Constitucional declaró exequible el decreto legislativo mediante el cual se implementaron medidas excepcionales en materia de agua y saneamiento básico con ocasión de la emergencia climática que tuvo lugar a inicios de este año e impactó a más de 181 municipios del país

Sentencia C-340/26 (15 de octubre)

M.P. Vladimir Fernández Andrade

Expediente RE-402

1. Normas revisadas

“DECRETO LEGISLATIVO 0228 DE 2026

(marzo 5)

Diario Oficial No. 53.419 de 6 de marzo de 2026

[…]

Por el cual se adoptan medidas excepcionales en materia de agua y saneamiento básico en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

[…]

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 215 de Constitución Política faculta al Presidente de la República para declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país.

Que, mediante el Decreto número 0150 del 11 de febrero de 2026, se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que, el decreto en mención dispuso que el Gobierno nacional adoptará, mediante decretos legislativos, todas aquellas medidas que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, incluyendo las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo.

Que, si bien el ordenamiento jurídico contempla mecanismos ordinarios de política de vivienda, agua y saneamiento básico, gestión del riesgo y atención de desastres, tales instrumentos resultan manifiestamente insuficientes para atender, con la inmediatez, amplitud y flexibilidad requeridas, la magnitud de la crisis derivada de los eventos climáticos y evitar la extensión de sus impactos.

Que, en materia de vivienda, agua y saneamiento básico, se requiere que el Gobierno nacional pueda expedir medidas extraordinarias relacionadas con procedimientos administrativos de licenciamiento y habilitación urbanística, uso del suelo, esquemas de financiación, direccionamiento y ejecución de recursos.

Que, lo anterior constituye el fundamento jurídico para el desarrollo de disposiciones legislativas sectoriales dirigidas a garantizar el acceso al agua y al saneamiento básico, así como restablecer la continuidad, calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios en los territorios afectados.

Que, se presentó un evento climático excepcional denominado "Frente frío" de carácter imprevisible y de rápida intensificación, el cual ha generado un incremento inusual de las precipitaciones, descensos abruptos de temperatura, inundaciones, desbordamientos de cuerpos de agua, movimientos en masa, crecientes súbitas, deslizamientos, erosión fluvial, costera y vendavales con afectaciones severas, particularmente en regiones del Caribe y noroccidente colombiano.

Que, con base en el consolidado nacional de reportes de afectación por lluvias para el periodo comprendido entre el 27 de enero al 6 de febrero de 2026, emitido por la Sala de Crisis de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se reportaron 65 emergencias, entre las cuales se encuentran: 53 eventos de inundaciones, 5 movimientos en masa, 3 crecientes súbitas, 2 vendavales, 1 erosión fluvial y 1 erosión costera en 61 municipios de 8 departamentos del país. En el mencionado reporte se indicó que estas emergencias dejaron afectaciones en 69.235 familias y 252.233 personas, con un saldo de 10 fallecidos y 3 heridos. Se reportaron daños en 19.798 hectáreas productivas, 11.955 viviendas averiadas, 4.158 viviendas destruidas, 111 vías, 19 puentes peatonales, 39 puentes vehiculares, 38 acueductos, 4 alcantarillados, 91 centros educativos, 23 centros de salud y 18 centros comunitarios. Asimismo, se registraron afectaciones en 5.230 animales de producción, 312 animales de compañía y 54 animales silvestres.

Que, de acuerdo con el sistema de monitoreo establecido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para evaluar las consecuencias directas del evento hidrometeorológico extraordinario, las entidades territoriales, empresas prestadoras de los servicios de servicios públicos y los gestores comunitarios han reportado 155 afectaciones a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en 88 municipios de los ocho (8) departamentos; circunstancias que han comprometido la captación, conducción, tratamiento y distribución de agua apta para consumo humano y la adecuada disposición de aguas residuales, generando un riesgo grave e inminente de salubridad en la población afectada.

Que, los reportes técnicos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la Dirección General Marítima (DIMAR) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) evidenciaron acumulados de precipitación que superaron entre el 130% y el 289% de los promedios climatológicos históricos para los meses de enero y febrero, generando saturación prolongada de suelos, desbordamiento de ríos, reconexión de cauces con planicies de inundación y afectación de rondas hídricas, lo cual comprometió la estabilidad de las fuentes abastecedoras, la infraestructura hidráulica y sanitaria y la seguridad operacional de los sistemas de acueducto y alcantarillado, configurando un riesgo grave e inminente de interrupción del servicio y de deterioro de las condiciones de salubridad pública en los territorios afectados.

Que, como consecuencia directa de los eventos antes señalados, se afectó de manera grave la infraestructura, operación y continuidad de los sistemas de acueducto y saneamiento básico principalmente en la Región Caribe y Noroccidente del país, vulnerando el goce efectivo del derecho fundamental al agua y saneamiento básico, lo cual hace necesaria la adopción de intervenciones urgentes por parte del Estado, en un contexto de precariedad de los servicios públicos, en el que las limitaciones fiscales, las rigideces presupuestales y la fragmentación de las fuentes de financiación han restringido la capacidad de respuesta oportuna mediante los mecanismos ordinarios, demandando la implementación de medidas excepcionales, inmediatas y coordinadas para atender las afectaciones y evitar la extensión de sus efectos sobre la población.

Que, la Corte Constitucional ha reconocido de manera reiterada que el acceso al agua apta para consumo humano es un derecho fundamental autónomo e indispensable para la vida, la salud y la dignidad humana (Sentencias T-410/03, T-270/07, T-717/10, T-740/11 y T-302/17), estableciendo que ante la afectación del mínimo vital, las autoridades tienen la obligación de adoptar medidas inmediatas, eficaces y proporcionales, sin que sea admisible justificar la inacción en limitaciones presupuestales, administrativas o procedimentales (Sentencias T-381/09 y T-616/10).

Que, el artículo 365 de la Constitución Política señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que, esta situación excepcional y sobreviniente hizo necesaria la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, como instrumento constitucional idóneo para adoptar medidas legislativas extraordinarias, inmediatas y temporales, orientadas a conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos.

Que, conforme al marco constitucional y legal vigente, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es la autoridad rectora de la política pública de agua potable y saneamiento básico, con la responsabilidad de asegurar la prestación continua, adecuada y segura del servicio, obligación que se ve gravemente comprometida por la magnitud, extensión territorial y simultaneidad de las afectaciones descritas.

Que, los servicios públicos de agua y saneamiento básico están profundamente relacionados con los derechos fundamentales ya que el acceso al agua y al saneamiento se consideran esenciales para garantizar el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud y la dignidad humana, por lo cual, se hace necesaria la adopción de las medidas contenidas en el presente decreto.

Que, el artículo 250 de la Ley 1450 de 2011 establece que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ahora Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es el competente para evaluar y viabilizar los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación y sus entidades públicas descentralizadas a través del mecanismo que defina.

Que, con el objetivo de remover provisionalmente barreras administrativas críticas y acelerar el desarrollo de intervenciones para hacer frente a los hechos que originaron la declaratoria de emergencia y/o conjurar sus efectos, se requiere otorgar facultades temporales al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para, entre otros, estructurar y ejecutar proyectos de agua potable y saneamiento básico, los cuales podrán priorizarse a través de un Comité Especial de Atención de Emergencias, bajo el procedimiento especial que para tal efecto establezca.

Que, las limitaciones propias del régimen presupuestal ordinario pueden impedir una respuesta eficaz y oportuna frente a situaciones excepcionales como la presente,  por  lo  cual  resulta  necesario autorizar mecanismos extraordinarios de priorización, focalización y ajuste presupuestal que permitan a las autoridades nacionales y territoriales orientar recursos de manera inmediata hacia la atención de la emergencia y salvaguardar los riesgos que pudieran derivar en una crisis sanitaria y la pérdida en la continuidad en el acceso al agua y saneamiento básico, en los territorios afectados, en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, Antioquia, Chocó.

Que, el inciso tercero del artículo 149 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 36 de la Ley 1955 de 2019, en relación con la administración eficiente de los recursos públicos, establece que los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación deben consignarse en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, con excepción de aquellos rendimientos en los que la Ley haya determinado específicamente su tratamiento.

Que, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica se hace necesario optimizar el uso de todas las fuentes de financiación asociadas a los recursos públicos del sector de agua potable y saneamiento básico, incluyendo los rendimientos financieros que se generen por la administración de los aportes transferidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través de patrimonios autónomos, fondos o encargos fiduciarios, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta institucional, asegurar la continuidad en la ejecución de proyectos estratégicos y ampliar el alcance de las intervenciones destinadas a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.

Que, la Ley 1176 de 2007, desarrolló los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, estableciendo  taxativamente  en  sus artículos 10 y 11 las actividades susceptibles de financiación con los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) asignados a departamentos (Artículo 10) en esquemas de prestación regional y proyectos de vocación regional de acueducto, alcantarillado y aseo; y los distritos y municipios (Artículo 11) priorizando principalmente inversiones de infraestructura y expansión de cobertura.

Que, el carácter específico y condicionado del SGP-APSB, aunque adecuado en escenarios ordinarios, limita su utilización flexible e inmediata en necesidades tales como la operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, la financiación de esquemas diferenciales o medios alternos de prestación, la adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de acometidas y medidores, así como la financiación de programas de mínimo vital.

Que, por consiguiente, resulta constitucionalmente necesario, idóneo y proporcional flexibilizar transitoriamente la destinación prevista en los artículos 10 y 11 de la Ley 1176 de 2007, con el fin de permitir que los recursos del SGP-APSB puedan orientarse a otras actividades, garantizando así la continuidad, calidad y sostenibilidad del acceso al agua apta para consumo humano y al saneamiento básico de la población durante la contingencia.

Que, el régimen ordinario de subsidios presenta limitaciones que obstaculizan una respuesta financiera integral. El artículo 89 de la Ley 142 de 1994 impone a los concejos municipales y distritales la obligación de crear los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI), cuya naturaleza, conforme al artículo 2.3.4.1.2.4 del Decreto número 1077 de 2015, es la de constituir   cuentas   con   destinación específica para el otorgamiento de subsidios tarifarios a los usuarios de menores ingresos, financiados con recursos presupuestales y aportes solidarios. En ese sentido, los excedentes y superávits generados en dichos fondos no pueden destinarse a finalidades distintas en condiciones ordinarias.

Que, el parágrafo transitorio del artículo 11 de la Ley 1176 de 2007, adicionado por el artículo 2o de la Ley 2538 de 2025, autorizó a las entidades territoriales para que dentro del año siguiente a su expedición (20 de agosto de 2005), por una única vez, liberaran los recursos que se encontraran en los FSRI por concepto del SGP-APSB que hayan sido girados a estos Fondos para el pago de subsidios y que no se requieran para ello; así mismo estableció que, los recursos correspondientes a superávits de aportes solidarios deberían permanecer en el Fondo.

Que, la estricta inmovilización de los recursos de los FSRI desconoce la necesidad superior de asegurar el acceso al agua y al saneamiento básico durante la emergencia, y en este contexto, se considera pertinente la habilitación de estos recursos para las actividades previstas en el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007 y a aquellas adicionales autorizadas en el presente decreto.

Que, el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011 en su primer inciso establece que, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores al setenta por ciento (70%) del costo del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento (15%) para el estrato 3.

Que, el parágrafo 3 del artículo en mención, adicionado por el artículo 276 de la Ley 2294 de 2023, establece que se podrán definir porcentajes de subsidios diferenciales a los señalados en el inciso primero hasta un porcentaje máximo del ochenta por ciento (80%) del costo del suministro para el estrato 1 o el mecanismo que sea adoptado para su focalización; cincuenta por ciento (50%) para el estrato 2 o el mecanismo que sea adoptado para su focalización; y treinta por ciento (30%) para el estrato 3 o el mecanismo que sea adoptado para su focalización.

Que, el artículo 2.3.8.3.11 del Decreto número 1077 de 2015, establece que el subsidio comunitario no podrá exceder el 80% y 50% del valor total de la factura o documento equivalente, para los estratos 1 y 2, respectivamente.

Que, con el fin de compensar la pérdida de capacidad de pago y preservar el acceso al servicio público de acueducto, resulta razonable y proporcional incrementar temporalmente al noventa por ciento (90%) el subsidio a la tarifa de los usuarios de los gestores comunitarios que prestan servicio público de acueducto en los municipios afectados por la emergencia.

Que, el artículo 57 de la Ley 142 de 1994 establece que las empresas podrán pasar por predios ajenos, ocupar temporalmente las zonas que se requieran y remover cultivos y obstáculos en dichos predios, cuando sea necesario para prestar los servicios públicos; y en este contexto, conforme a los términos establecidos en la Ley 56 de 1981, el propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización.

Que, con el fin de hacer frente a los hechos que originaron la declaratoria de emergencia y conjurar sus efectos, las entidades nacionales y territoriales competentes, podrán constituir gravámenes de servidumbre a título gratuito sobre bienes inmuebles fiscales y baldíos adjudicables y no adjudicables, con la finalidad de brindar acceso a agua apta para consumo humano y saneamiento básico.

Que, con base en las consideraciones expuestas, se:

DECRETA:

ARTÍCULO 1o. OBJETO Y ALCANCE. El presente decreto tiene por objeto adoptar medidas legislativas excepcionales y temporales para garantizar el acceso al agua apta para consumo humano y el saneamiento básico en los departamentos de Magdalena, La Guajira, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, Antioquia y Chocó en el marco del Decreto número 150 de 2026 "Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional".

ARTÍCULO 2o. ADICIONAR PARÁGRAFO TRANSITORIO. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 250 de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará así:

"Parágrafo transitorio. Con el propósito de conjurar los efectos de las condiciones climáticas excepcionales que dieron lugar a la emergencia declarada mediante el Decreto número 0150 de 2026, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá estructurar y ejecutar proyectos de agua potable y saneamiento básico. Para ello podrá, entre otros, crear un comité especial de atención de emergencias y celebrar negocios jurídicos con sociedades fiduciarias.''

ARTÍCULO 3o. DESTINACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. De conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 149 de la Ley 1753 de 2015, con el propósito de conjurar los efectos de las condiciones climáticas excepcionales que dieron lugar a la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá destinar los rendimientos financieros de los proyectos de agua potable y saneamiento básico, a la atención de la emergencia en esta materia.

Las sociedades fiduciarias que administren recursos provenientes de aportes ministeriales deberán informar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el monto de los rendimientos financieros bajo su administración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de este decreto. Así mismo, deberán efectuar el traslado de los rendimientos conforme a los lineamientos que establezca el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para tales efectos.

Estos lineamientos definirán el vehículo financiero -incluidos fondos o patrimonios autónomos-, a través del cual se centralizarán y administrarán dichos rendimientos.

ARTÍCULO 4o. ADICIONAR PARÁGRAFO TRANSITORIO. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 10 de la Ley 1176 de 2007, el cual quedará así:

"Parágrafo transitorio. Los departamentos destinatarios del Decreto número 0150 de 2026 con el fin de atender las afectaciones, evitar la extensión de sus efectos y garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico, podrán destinar los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, durante el término de la emergencia y hasta finalizar la vigencia fiscal 2026, para financiar las siguientes actividades:

a) Apoyo financiero a la operación y mantenimiento, incluido la limpieza y purga de redes, de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo que hayan resultado afectados y cuya situación haya sido reportada al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

b) Financiación de esquemas diferenciales o medios alternos de prestación.

c) Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de acometidas y medidores que hayan resultado afectados y cuya situación haya sido reportada al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

d) Financiación de programas de mínimo vital."

ARTÍCULO 5o ADICIONAR PARÁGRAFOS TRANSITORIOS. Adiciónese dos parágrafos transitorios al artículo 11 de la Ley 1176 de 2007, los cuales quedarán así:

"Parágrafo transitorio 1. Los municipios y distritos destinatarios del Decreto número 0150 de 2026 con el fin de atender las afectaciones, evitar la extensión de sus efectos y garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico, podrán destinar los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, durante el término de la emergencia y hasta finalizar la vigencia fiscal 2026, para financiar las siguientes actividades:

a) Apoyo financiero a la operación y mantenimiento, incluido la limpieza y purga de redes, de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo que hayan resultado afectados y cuya situación haya sido reportada al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

b) Financiación de esquemas diferenciales o medios alternos de prestación.

c) Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de acometidas y medidores que hayan resultado afectados y cuya situación haya sido reportada al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

d) Financiación de programas de mínimo vital.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2o. Autorícese a los municipios y distritos destinatarios del Decreto número 0150 de 2026 para que, durante el término de la emergencia y hasta finalizar la vigencia fiscal 2026, liberen los recursos correspondientes a excedentes y superávits que se encuentran en los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos por concepto del Sistema General de Participaciones del sector Agua Potable y Saneamiento Básico, a fin de que puedan ser utilizados en las demás actividades del sector que contempla este artículo."

ARTÍCULO 6o. ADICIONAR PARÁGRAFO TRANSITORIO. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará así:

"Parágrafo transitorio. El subsidio a la tarifa de los usuarios de los gestores comunitarios que prestan servicio público de acueducto, consagrado por el artículo 2.3.8.3.11. del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, y que resulten afectados por la emergencia, será del noventa por ciento (90%) de descuento en el valor total de la factura o documento equivalente durante el término de la emergencia y hasta finalizar la vigencia fiscal 2026."

ARTÍCULO 7o. CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES A TÍTULO GRATUITO.  Las entidades nacionales y territoriales competentes podrán constituir gravámenes de servidumbre a título gratuito sobre bienes inmuebles fiscales y baldíos adjudicables y no adjudicables, con la finalidad de que las entidades garantes del acceso al servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, y quienes se contraten para tal efecto, puedan hacer frente a los hechos que originaron la declaratoria de emergencia y/o conjurar sus efectos.

Bastará la presentación del levantamiento topográfico de la franja o área requerida a la entidad competente para poder iniciar la ejecución de la obra.

PARÁGRAFO 1o. Lo anterior, sin perjuicio del trámite de registro al que haya lugar de manera posterior, el cual deberá ser atendido de manera prioritaria por las entidades competentes.

PARÁGRAFO 2o. Cuando se trate de territorios ancestrales y/o tradicionales no titulados, se podrán habilitar inversiones para proyectos de agua y saneamiento básico a través de la figura de servidumbre, acatando los derechos que le asistan a los pueblos indígenas, afrodescendientes y Rrom y sin requerir el pago del avalúo por parte del municipio.

ARTÍCULO 8o. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y hasta que finalice la vigencia fiscal del año 2026. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos de agua y saneamiento básico encaminados a hacer frente a los hechos que originaron la declaratoria de emergencia y/o conjurar sus efectos, se regirán por las disposiciones de este decreto hasta su culminación.

[…]

2. Decisión

PRIMERO. Declarar EXEQUIBLE el artículo 1 del Decreto Legislativo 228 de 2026, bajo el entendido de que las medidas excepcionales adoptadas se limitan al ámbito territorial definido en la Sentencia C-191 de 2026.

SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLE el artículo 8 del Decreto Legislativo 228 de 2026, bajo el entendido de que:

(i) Los proyectos que se ejecuten al amparo del decreto exclusivamente podrán involucrar medidas de respuesta y rehabilitación y, solo excepcionalmente, medidas de reconstrucción, siempre que estas estén directamente relacionadas con la rehabilitación de la infraestructura indispensable para asegurar la prestación continua de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

(ii) Los proyectos de reconstrucción que, de conformidad con el artículo 8, continúen rigiéndose por las disposiciones del Decreto Legislativo 228 de 2026 hasta su culminación, deberán finalizar a más tardar tres (3) años después de la vigencia fiscal 2026, siempre que hayan iniciado en esta última vigencia.

TERCERO. Declarar EXEQUIBLE el artículo 2 del Decreto Legislativo 228 de 2026, bajo el entendido de que:

(i) La facultad excepcional y transitoria atribuida al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solo podrá ejercerse cuando los mecanismos ordinarios de los departamentos, municipios o distritos no estén en la capacidad de atender oportunamente las afectaciones registradas en su jurisdicción en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Tal incapacidad deberá constar en una manifestación expresa y motivada de la respectiva entidad territorial, de manera que la activación de la facultad excepcional pueda ser objetivamente verificada.

(ii) Los proyectos que el Ministerio estructure y ejecute al amparo de dicha facultad deberán corresponder exclusivamente a medidas de respuesta y rehabilitación, y solo excepcionalmente a medidas de reconstrucción, cuando estas estén directa y estrechamente relacionadas con la rehabilitación de la infraestructura indispensable para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, en los mismos términos previstos para el artículo 8.

(iii) Con el fin de garantizar el principio de autonomía presupuestal de las entidades territoriales, previsto en el artículo 287.3 de la Constitución Política, los proyectos objeto de estructuración solo podrán ser ejecutados con cargo a recursos públicos de la Nación.

CUARTO. Declarar EXEQUIBLE el artículo 3 del Decreto Legislativo 228 de 2026, en el entendido de que:

(i) Los recursos de los que allí se habla, derivados de los rendimientos financieros de los proyectos de agua potable y saneamiento básico, no podrán ser empleados en gastos que no estén directamente encaminados a garantizar el acceso al agua apta para consumo humano y el saneamiento básico de la población afectada.

(ii) Tales recursos solo podrán ejecutarse en medidas de respuesta o en proyectos destinados a la rehabilitación y/o reconstrucción de los sistemas de acueducto y alcantarillado que se vieron afectados como consecuencia de la emergencia.

(iii) El vehículo financiero a través del cual se centralizarán y administrarán dichos rendimientos deberá garantizar que la administración y ejecución de los recursos obtenidos por ese concepto estén separados de otras fuentes, de forma que los organismos de control puedan realizar el seguimiento adecuado de su destinación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Sentencia C-191 de 2026.

QUINTO. Declarar EXEQUIBLES los artículos 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 228 de 2026.

SEXTO. EXHORTAR al Gobierno Nacional para que, en lo sucesivo, cuando en el marco de un estado de emergencia económica, social y ecológica exista la necesidad de otorgar subsidios a la tarifa de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, haga prevalecer un criterio formal y material de igualdad en la definición de los beneficiarios de tales medidas, de manera que ellas comprendan a los usuarios de los estratos socioeconómicos más bajos con independencia del prestador del servicio.

SÉPTIMO. Declarar EXEQUIBLE el artículo 7 del Decreto Legislativo 228 de 2026, bajo el entendido de que la constitución de servidumbres a título gratuito sobre bienes baldíos adjudicables no podrá obrar en desmedro de la expectativa ni de los intereses jurídicos de quien ocupe de buena fe el bien baldío sobre el que deba imponerse el gravamen. Conforme a ello, la imposición de la servidumbre deberá ajustarse a los siguientes criterios: (i) el ocupante de buena fe debe ser informado con antelación razonable sobre la constitución del gravamen y sobre la extensión precisa del área objeto de gravamen, de conformidad con el levantamiento topográfico previsto en el inciso segundo del artículo 7 ibidem; (ii) el área gravada tendrá que limitarse estrictamente a la necesaria para la ejecución del proyecto de agua potable y saneamiento básico, sin extenderse a franjas adicionales no requeridas técnicamente; y, (iii) la constitución de la servidumbre a título gratuito no puede ser invocada por ninguna autoridad como obstáculo o causal de rechazo de la solicitud de adjudicación del baldío que se encuentre en trámite ante la Agencia Nacional de Tierras.

3. Síntesis de los fundamentos

La Sala Plena examinó si el Decreto Legislativo 228 de 2026, por el cual se adoptaron medidas excepcionales en materia de agua y saneamiento básico en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026, cumplía los requisitos formales y los juicios materiales de validez constitucional fijados en la Constitución Política y en la Ley Estatutaria de Estados de Excepción.

De manera preliminar, analizó si el decreto legislativo bajo examen tenía una relación de conexidad directa con las materias del Decreto 150 de 2026, que fueron objeto de declaratoria de exequibilidad parcial en la sentencia C-191 de 2026, en la que se examinó la constitucionalidad de la declaratoria del estado de emergencia. Lo anterior, con el fin de determinar si, a partir de lo decidido en la citada providencia, procedía declarar la inconstitucionalidad por consecuencia del Decreto Legislativo 228 de 2026. Como resultado de dicho análisis, concluyó que el decreto legislativo bajo examen no regula ninguna de las materias estructurales que fueron expresamente excluidas del marco de habilitación definido por la Corte, por lo que debía proseguirse con el análisis de los requisitos formales y materiales previstos en la Carta Política y en la Ley Estatutaria de Estados de Excepción.

Para tal propósito, reiteró la doctrina constitucional sobre el estado de emergencia económica, social y ecológica y sobre el control de los decretos legislativos dictados a su amparo. A continuación, verificó el cumplimiento de los requisitos formales, los cuales dio por acreditados. Sobre el particular, concluyó que el Decreto Legislativo 228 de 2026 fue suscrito por el entonces presidente de la República y por todas y todos sus ministros. Adicionalmente, constató que el decreto fue expedido dentro de los treinta (30) días calendario de vigencia del estado de excepción y que sus disposiciones se sustentaron en específicas consideraciones de orden fáctico y normativo. La Sala observó por otro lado que las medidas se circunscribieron a la delimitación territorial originalmente propuesta por el Gobierno, al tiempo que este último, por conducto del secretario jurídico de la Presidencia, remitió oportunamente el decreto legislativo para su control constitucional.

En lo sucesivo, la Corte realizó el examen material del articulado. Encontró que los artículos 1 y 8 se ajustaban a la Constitución. Sin embargo, condicionó su exequibilidad. Por lo que respecta al artículo 1, condicionó el ámbito territorial de las medidas allí previstas a lo definido en la Sentencia C-191 de 2026. Asimismo, en torno al artículo 8, precisó que los proyectos que se ejecuten al amparo de este decreto solo podrán involucrar medidas de respuesta y rehabilitación y, solo excepcionalmente, de reconstrucción, siempre que estas estén directamente relacionadas con la rehabilitación de la infraestructura indispensable para asegurar la prestación continua de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. De igual modo, destacó que los proyectos de reconstrucción que, de conformidad con este artículo, sigan rigiéndose por las disposiciones del decreto legislativo sub examine hasta su culminación, deberán finalizar a más tardar (3) años después de la vigencia fiscal 2026, siempre que hayan iniciado en esta última vigencia.

A su turno, encontró que el artículo 2 superaba la totalidad de los juicios materiales. Observó, entre otras cosas, que la facultad excepcional otorgada al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio efectivamente requería de una norma con fuerza de ley, y que la referencia a la posibilidad de celebrar negocios jurídicos con sociedades fiduciarias no impactaba la vigencia de las normas integrantes del Estatuto General de la Contratación Pública.

Sin perjuicio de lo anterior, en aras de salvaguardar los principios de autonomía territorial y presupuestal, la Sala condicionó la exequibilidad del artículo en los siguientes términos. Primero, señaló que la facultad excepcional a la que previamente se hizo referencia solo puede ejercerse en el evento en que las entidades territoriales correspondientes no estén en capacidad de atender oportunamente las afectaciones registradas en su jurisdicción en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. A este respecto, la Sala aclaró que tal incapacidad deberá constar en una manifestación expresa y motivada de la respectiva entidad territorial sobre su imposibilidad de respuesta, de manera que sea posible verificar objetivamente la activación de la facultad excepcional.

Segundo, puso de manifiesto que, en concordancia con lo previsto a propósito del artículo 8 del decreto sub examine, los proyectos a estructurar y ejecutar al amparo de esta habilitación excepcional solo pueden estar asociados a medidas de respuesta y rehabilitación y solo excepcionalmente de reconstrucción, cuando estas estén directa y estrechamente relacionadas con la rehabilitación de la infraestructura indispensable para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

Tercero, recalcó que, con el fin de garantizar el principio de autonomía presupuestal de las entidades territoriales, previsto en el artículo 287.3 de la Constitución Política, los proyectos objeto de estructuración solo podrán ser ejecutados con cargo a recursos públicos de la Nación.

Por su parte, también por superar los requisitos materiales de validez, declaró la exequibilidad del artículo 3. No obstante, sujetó su constitucionalidad a lo siguiente. De un lado, observó que los recursos de los que allí se habla, derivados de los rendimientos financieros de los proyectos de agua potable y saneamiento básico, no pueden ser empleados en gastos que no estén directamente encaminados a garantizar el acceso al agua apta para consumo humano y el saneamiento básico de la población afectada. De otro lado, hizo hincapié en que estos últimos solo pueden ejecutarse en medidas de respuesta o en proyectos destinados a la rehabilitación y/o reconstrucción de los sistemas de acueducto y alcantarillado que se vieron afectados como consecuencia de la emergencia. Finalmente, a propósito de los vehículos financieros a los que alude el inciso tercero de este artículo, la Sala enfatizó en que estos últimos deberán garantizar que la administración y ejecución de los recursos obtenidos por ese concepto estén separados de otras fuentes, de forma que los organismos de control puedan realizar el seguimiento adecuado de su destinación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Sentencia C-191 de 2026.

Por lo que respecta a los artículos 4 y 5, la Corte encontró que su contenido también superaba la totalidad de los juicios materiales de validez. Entre otras cosas, el pleno reconoció que las medidas allí previstas no desnaturalizan la programación original de los recursos ni alteran la destinación específica de los mismos. Si bien las medidas autorizan a que los recursos del SGP-APSB puedan emplearse en actividades complementarias, todas ellas se circunscriben al sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Por otra parte, la Sala destacó que los departamentos, municipios y distritos no cuentan con facultades ordinarias para redireccionar los recursos a los que allí se alude hacia actividades como el apoyo a la operación y mantenimiento de sistemas afectados, la financiación de esquemas diferenciales, la reposición de acometidas y medidores o la implementación de programas de mínimo vital en un contexto de emergencia, lo que obraba en favor de la necesidad de las medidas.

Adicionalmente, la Sala encontró que el artículo 6 superaba el escrutinio material. En lo relativo a su alcance advirtió que, conforme a la alusión explícita al Decreto 1077 de 2015, la disposición delimitaba por sí sola el universo de sus beneficiarios: las personas que habiten inmuebles de estratos 1 y 2 que hayan sido afectados por la emergencia y que sean usuarios de los gestores comunitarios del agua. El pleno de la Corte consideró que, a juzgar por los propósitos de la medida, tal delimitación era razonable y no comprometía el cumplimiento del juicio de no discriminación. De un lado, pretende compensar la pérdida de capacidad de pago de personas que, por su condición socioeconómica, pudieron verse altamente afectadas por la emergencia climática. De otro lado, busca evitar mayores afectaciones financieras a los gestores comunitarios del agua, cuyo esquema de organización precisa de la solidaridad comunitaria para mantener su operación.

Con todo y ello, la Sala consideró oportuno exhortar al Gobierno Nacional para que, en lo sucesivo, cuando en el marco de un estado de emergencia económica, social y ecológica exista la necesidad de otorgar subsidios a la tarifa de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, haga prevalecer un criterio formal y material de igualdad en la definición de los beneficiarios de tales medidas, de manera que ellas comprendan a los usuarios de los estratos socioeconómicos más bajos con independencia del prestador del servicio.

Finalmente, la Corporación encontró que el artículo 7 también superó la totalidad de los juicios materiales de validez. Sin perjuicio de lo anterior, en lo relativo al parágrafo 2º, la Sala destacó que la referencia a los derechos de los pueblos indígenas no supone la existencia de una afectación directa que haga exigible la consulta previa en abstracto; cuestión última que no releva a las autoridades competentes de adelantar la consulta previa cuando, en la fase de ejecución de un proyecto concreto, se verifique que la intervención puede afectar directamente a una comunidad étnica determinada. Por otro lado, la Corte consideró oportuno condicionar la exequibilidad de la medida bajo el entendido de que la constitución de servidumbres a título gratuito sobre bienes baldíos adjudicables no podrá obrar en desmedro de la expectativa ni de los intereses jurídicos de quien ocupe de buena fe el bien baldío sobre el que deba imponerse el gravamen.

A este último respecto, la Corporación destacó que la imposición de la servidumbre deberá ajustarse a los siguientes criterios: (i) el ocupante de buena fe debe ser informado con antelación razonable sobre la constitución del gravamen y sobre la extensión precisa del área objeto de gravamen, de conformidad con el levantamiento topográfico previsto en el inciso segundo del artículo 7 ibidem; (ii) el área gravada tendrá que limitarse estrictamente a la necesaria para la ejecución del proyecto de agua potable y saneamiento básico, sin extenderse a franjas adicionales no requeridas técnicamente; y, (iii) la constitución de la servidumbre a título gratuito no puede ser invocada por ninguna autoridad como obstáculo o causal de rechazo de la solicitud de adjudicación del baldío que se encuentre en trámite ante la Agencia Nacional de Tierras.

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