DECRETO 2680 DE 1993

(diciembre 29)

Diario Oficial No. 41.159, del 30 de diciembre de 1993

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 60 de 1993

y se dictan otras disposiciones de carácter transitorio.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en uso de sus facultades constitucionales y legales,

y en especial de las previstas en el numeral 11 del

artículo 189 de la Constitución Política,

DECRETA:

CAPITULO I.

PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION

ARTICULO 1o. Para los efectos de la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 26 de la Ley 60 de 1993 a los municipios que hayan sido creados a partir de 1992 y que no hubieren recibido participaciones en el Impuesto al Valor Agregado -IVA- establecido por la Ley 12 de 1986, así como a los creados o que se creen posteriormente, se observarán las siguientes disposiciones:

1.Si el municipio ha sido segregado del territorio de otro, la participación recibida en 1992 en pesos constantes por el municipio del cual se segregó, se distribuirá entre los dos municipios en proporción a la población de cada uno de ellos.

2. Si el municipio ha sido segregado del territorio de dos o más municipios, se procederá en la misma forma señalada en el numeral precedente, pero el valor que se distribuirá será la suma de las cantidades recibidas en 1992 en pesos constantes por los municipios de los cuales se segregó el nuevo municipio.

3. Si el municipio ha sido creado sin afectar el territorio de otro u otros municipios, la totalidad de la transferencia se calculará de acuerdo a la fórmula general de reparto establecida en el artículo 24 de la Ley 60 de 1993, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3o. del presente Decreto.

ARTICULO 2o. Una vez asignada la participación básica conforme a lo dispuesto en el artículo precedente, los municipios participarán en la diferencia de que trata el numeral 2 del artículo 26 de la Ley 60 de 1993, conforme a los criterios señalados en el artículo 24 de la misma ley. Para tal efecto se aplicarán al nuevo municipio los mismos indicadores del municipio del cual se hubiere segregado, o el promedio si se hubiere segregado de varios, hasta tanto los indicadores del nuevo municipio no sean reportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

ARTICULO 3o. Cuando para un municipio nuevo no se disponga de la información necesaria para alguno o algunos de los factores de distribución señalados en el artículo 24 de la Ley 60 de 1993, se le aplicará el promedio de las variables necesarias para su cálculo de los municipios de más cercano tamaño poblacional.

ARTICULO 4o. En la distribución de los ingresos corrientes de la Nación para cada vigencia fiscal se tendrán en cuenta los municipios creados válidamente y reportados al Departamento Nacional de Planeación hasta el 30 de junio del año inmediatamente anterior. Cuando existan dudas sobre la creación de municipios el Departamento Nacional de Planeación se deberá atener al concepto que sobre el particular expida el Ministerio de Gobierno.

ARTICULO 5o. <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 896 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> El Departamento Nacional de Planeación comunicará a los municipios a más tardar el 28 de febrero de cada año, la estimación preliminar de los valores que le corresponderá a cada uno de ellos por concepto de la participación en los ingresos corrientes de la Nación para la vigencia siguiente, con base en la cual los alcaldes prepararán el proyecto del Plan de Inversiones que se ejecutará con cargo a los mencionados recursos. Este deberá ser ajustado una vez el Departamento Nacional de Planeación comunique los datos definitivos de la participación en los ingresos corrientes de la Nación para la vigencia siguiente.

ARTICULO 6o. <Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 896 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> Concepto de la Oficina Departamental de Planeación sobre el proyecto de Plan de Inversión Municipal El Alcalde Municipal deberá solicitar a la Oficina Departamental de PIaneación, o a quien haga sus veces, concepto previo sobre el respectivo proyecto de Plan de Inversión.

La Oficina de Planeación Departamental emitirá concepto, en ejercicio de su función asesora y de asistencia técnica, en el cual se pronunciará acerca del cumplimiento de los criterios de distribución sectorial y urbano-rural previstos en la ley 60 de 1993. Dicho concepto deberá expedirse en los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación del proyecto del Plan de Inversión.

En los casos previstos por el artículo 22 de la Ley 60 de 1993, respecto a la variación del porcentaje en el sector de agua potable y saneamiento básico y de la distribución urbano-rural, el Alcalde deberá solicitar concepto previo a la Oficina de Planeación Departamental. Este concepto debe ser, tiene carácter obligatorio y se expedirá dentro de los quince (15) días hábiles siguiente a su solicitud.

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo constituirá causal de mala conducta para los funcionarios responsables, sancionable disciplinariamente de conformidad con la ley.

ARTICULO 7o. <Artículo modificado por el artículo 3 del Decreto 896 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> Antes del 30 de abril de cada año los alcaldes enviarán al Departamento Nacional de Planeación un informe sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos del municipio durante el año anterior.

El Departamento Nacional de Planeación elaborará los formularios, con los datos básicos que deben contener dichos informes, los cuales serán distribuidos a todos los alcaldes del país antes del 31 de enero.

Para efectos de la liquidación de la participación en los ingresos corrientes de la Nación, sólo se tendrá en cuenta la información radicada en el Departamento Nacional de Planeación en la fecha prevista en el presente artículo y únicamente en los formularios elaborados por dicho Departamento.

Los formularios deben ser firmados por el alcalde y por el Secretario de Hacienda o el Tesorero Municipal cuando el municipio no tenga dicha secretarla, o por el jefe del órgano que haga sus veces. No será tenida en cuenta la información que no cumpla con los anteriores requisitos.

Cuando el municipio reporte ingresos propios superiores a los realmente recaudados y por ello se le hayan transferido mayores recursos de participación, en la vigencia inmediatamente siguiente a la cual se hizo la transferencia, se le aplicarán las deducciones necesarias equivalentes al mayor valor girado debidamente actualizado, sin perjuicio de las acciones de tipo disciplinario, fiscal y penal a cargo de las autoridades competentes.

Los errores e inconsistencias en la información reportada darán lugar a las respectivas investigaciones por parte de las autoridades competentes.

PARAGRAFO. Para los efectos de este artículo sólo se tendrán en cuenta los formularios remitidos por los alcaldes y radicados en el Departamento Nacional de Planeación antes del 30 de abril de cada año.

ARTICULO 8o. <Artículo modificado por el artículo 4 del Decreto 896 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> Tanto el DANE como el IGAC podrán comunicar al Departamento Nacional de Planeación las modificaciones efectuadas a la información certificada en los términos del presente artículo hasta el 30 de junio de cada año.

ARTICULO 9o. Una vez se haya establecido el recaudo neto efectivo de los ingresos corrientes de la Nación y el Departamento Nacional de Planeación certifique a los municipios su participación definitiva, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2o. del artículo 24 de la Ley 60 de 1993, los municipios deberán efectuar la adición o reducción presupuestal, según el caso.

CAPITULO II.

COMISION VEEDORA DE TRANSFERENCIAS

ARTICULO 10. La Comisión Veedora de Transferencias de que trata el artículo 12 de la Ley 60 de 1993 estará integrada así:

a)Un delegado designado por la Comisión Tercera del Senado;

b) Un delegado designado por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes;

c) Un delegado designado por la Asociación de Gobernadores;

d) Un delegado designado por la Federación Colombiana de Municipios. Cada una de las entidades deberá designar a su representante mediante oficio que será comunicado al Departamento Nacional de Planeación antes de instalarse la Comisión.

ARTICULO 11. La Comisión Veedora de Trasferencias que se organiza e integra a través del presente Decreto, avocará el conocimiento de las divergencias que se presenten en el proceso de liquidación de las transferencias, cumplirá las funciones generales previstas en el artículo 12 de la Ley 60 de 1993 y contará con la colaboración que requiera de los diferentes organismos del Estado. La Comisión solicitará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación su concepto sobre las divergencias que se presenten en el proceso de liquidación de las transferencias. Dicho concepto no tendrá carácter obligatorio.

ARTICULO 12. La Comisión aquí integrada tiene un carácter permanente. La periodicidad de sus reuniones, el período de participación de sus miembros, el mecanismo para su designación y, en general, las actividades que realice se desarrollarán de conformidad con lo que disponga el reglamento interno que ella adopte. Parágrafo. Para el cumplimiento de sus funciones la comisión podrá invitar a sus reuniones a los servidores públicos o personas que considere conveniente.

ARTICULO 13. Las organizaciones sociales o cívicas representativas de los diferentes estamentos del orden nacional, departamental o municipal podrán presentar propuestas a la Comisión Veedora de Transferencias, relativas a los asuntos de competencia de ésta, las cuales deberán ser tramitadas conforme a lo dispuesto en su reglamento interno.

CAPITULO III.

COMISIONES DE CONCILIACION AD HOC

ARTICULO 14. Los conflictos que se presenten en el ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 60 de 1993 a los distintos niveles territoriales, y los que surjan de la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad a que se refiere la Ley 60 de 1993, entre los municipios y los departamentos, entre los departamentos y la Nación o entre los distritos y los departamentos y los distritos y la Nación podrán ser resueltos por las Comisiones de Conciliación Ad hoc, cuyo funcionamiento se regula en el presente Decreto, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La iniciativa para la conformación de estas Comisiones podrá provenir de cualquiera de las autoridades que advierta el conflicto y deberá ser acatada por las demás involucradas en el mismo.

ARTICULO 15. Las Comisiones de Conciliación Ad hoc estarán integradas por los representantes legales de las entidades en conflicto, o sus delegados, y por un conciliador designado por aquéllas de común acuerdo, quien tendrá el deber de proponer fórmulas de solución al conflicto. A la audiencia que celebren las Comisiones de Conciliación Ad hoc, podrán ser invitados los servidores públicos o las personas que se considere conveniente para la solución del conflicto.

PARAGRAFO. En el evento de que las entidades en conflicto no lleguen a un primer acuerdo sobre el candidato a conciliador para proponer fórmulas, éste será escogido de terna presentada por el Ministro de Gobierno, dentro de los quince días calendario siguientes a la presentación de la terna.

ARTICULO 16. Para ser designado conciliador, se requiere ser profesional universitario y acreditar experiencia en la administración pública.

ARTICULO 17. Para la integración de las Comisiones de Conciliación Ad hoc, las autoridades de las entidades en conflicto entregarán a quien haga las veces de conciliador, la documentación necesaria en la que conste la naturaleza del conflicto con el propósito de que aquél pueda presentar fórmulas de arreglo. Las fórmulas de conciliación que presente el conciliador se harán con arreglo a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, para el ejercicio de competencias entre la Nación y los distintos niveles territoriales, consagrados en la Constitución Política y la ley.

ARTICULO 18. Las Comisiones de Conciliación Ad hoc se reunirán dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la designación del conciliador, prorrogables por una sola vez en audiencia, con el propósito de evaluar las fórmulas de solución que aquél les presente y las que propongan las autoridades de las entidades en conflicto.

ARTICULO 19. Los integrantes de las Comisiones de Conciliación Ad hoc determinarán la duración de la Audiencia a que hace referencia el artículo anterior, pero en ningún caso ésta podrá exceder de tres (3) días calendario, al cabo de los cuales, si no se ha adoptado una decisión se entenderá que no hubo arreglo.

ARTICULO 20. De lo acontecido en la audiencia a que se refieren los artículos anteriores, se levantará un acta en la que consten los siguientes puntos:

a)Fecha de la celebración de la audiencia;

b) Asistentes a la audiencia;

c) Integrantes de la Comisión de Conciliación Ad hoc;

d) Resumen sucinto de los hechos que originaron el conflicto;

e) Fórmulas de arreglo propuestas por el conciliador, y por las autoridades de las entidades en conflicto, si las hubiere;

f) Las fórmulas de arreglo acordadas, si las hubiere, o en su defecto, la expresión de no haber acuerdo;

g) La firma de los representantes legales de las entidades en conflicto, del conciliador y los que concurran en calidad de testigos.

ARTICULO 21. Si en la audiencia de las Comisiones de Conciliación Ad hoc los representantes legales de las entidades en conflicto adoptan una fórmula de arreglo, suscribirán el acta que para todos los efectos tendrá el carácter de convenio interadministrativo.

Esta acta solo podrá ser modificada por las autoridades de las entidades en conflicto, mediante otro acto administrativo de igual naturaleza.

El acuerdo suscrito en una audiencia por los representantes legales de las entidades en conflicto, no podrá ser sometido a una nueva audiencia de conciliación ad hoc.

La situación en que se encuentren las entidades territoriales en conflicto se mantendrá hasta tanto no se suscriba el acuerdo de que trata el presente artículo.

ARTICULO 22. Si los representantes legales de las entidades en conflicto no adoptan, en la audiencia de las Comisiones de Conciliación Ad hoc ninguna fórmula de arreglo, así lo expresarán en el acta respectiva pudiendo acudir, si lo consideran necesario, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

ARTICULO 23. Las entidades en conflicto pondrán a disposición de las Comisiones de Conciliación Ad hoc todo el apoyo técnico y humano necesario para el cabal cumplimiento de sus funciones.

CAPITULO IV.

PARTICIPACION DE LOS RESGUARDOS INDIGENAS

ARTICULO 24. <Artículo derogado por el artículo 1 del Decreto 1386 de 1994>.

ARTICULO 25. <Artículo derogado por el artículo 1 del Decreto 1386 de 1994>.

ARTICULO 26. <Artículo derogado por el artículo 1 del Decreto 1386 de 1994>.

ARTICULO 27. <Artículo derogado por el artículo 1 del Decreto 1386 de 1994>.

ARTICULO 28. <Artículo derogado por el artículo 1 del Decreto 1386 de 1994>.

ARTICULO 29. <Artículo derogado por el artículo 1 del Decreto 1386 de 1994>.

ARTICULO 30. <Artículo derogado por el artículo 1 del Decreto 1386 de 1994>.

ARTICULO 31. <Artículo derogado por el artículo 1 del Decreto 1386 de 1994>.

ARTICULO 32. <Artículo derogado por el artículo 1 del Decreto 1386 de 1994>.

CAPITULO V.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 33. <Artículo modificado por el artículo 5 del Decreto 896 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> En el Presupuesto General del Municipio se deberán incluir los proyectos de inversión contemplados en el Plan Operativo Anual de Inversiones, que cuenten con financiación para la vigencia correspondiente.

Para establecer claramente los usos de los recursos se debe discriminar cuáles son las fuentes de financiación correspondientes a cada programa, identificando el monto de los recursos de la participación en los ingresos corrientes de la Nación apropiados en cada sector, programa y asignación urbano-rural.

PARAGRAFO. El Alcalde Municipal enviará a la Oficina de Planeación Departamental el Plan de Inversión contemplado en el Presupuesto General del Municipio, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su aprobación, para efectos del ejercicio de las funciones de seguimiento y valuación consagradas en la Ley 60 de 1993. En el mismo término se deben remitir las modificaciones que se le introduzcan al respectivo Plan durante su ejecución.

ARTICULO 34. Para la administración de los recursos de la participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación destinados a inversión social, los municipios organizarán cuentas especiales contables y en entidades financieras, independientes del resto de sus cuentas.

ARTICULO 35. Los saldos de los ingresos corrientes destinados para inversión social, que a 31 de diciembre de cada vigencia fiscal no se encuentren comprometidos deberán reasignarse en la siguiente vigencia fiscal, conservando la misma destinación por sectores sociales establecida en el artículo 21 de la Ley 60. Los saldos comprometidos y no ejecutados deberán incluirse en la respectiva reserva presupuestal. Parágrafo. Los saldos comprometidos no ejecutados provenientes de la participación en los ingresos corrientes de la Nación y destinados a inversión social conforme a la Ley 12 de 1986 para la vigencia fiscal de 1993, conservarán la misma destinación para 1994.

ARTICULO 36. El Personero Municipal, en cumplimiento de sus atribuciones como Defensor del Pueblo o Veedor Ciudadano, velará porque se cumplan las disposiciones sobre la distribución y ejecución de los recursos provenientes de la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación y, en caso de incumplimiento, de oficio o a solicitud de cualquier ciudadano, instaurará las acciones a que haya lugar. En el ejercicio de sus funciones, el Personero Municipal velará porque se realice la difusión de los planes de inversiones anuales entre los ciudadanos y las organizaciones de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2o. del artículo 23 de la Ley 60 de 1993.

ARTICULO 37. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su aplicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Cartagena de Indias, a 29 diciembre de 1993.

CESAR GAVIRIA TRUJILLO

El Ministro de Gobierno,

FABIO VILLEGAS RAMIREZ.

El Ministro de Hacienda y Credito Público,

RUDOLF HOMMES R.

El Director del Departamento Nacional de Planeación,

ARMANDO MONTENEGRO T