CONCEPTO 20230300016041 DE 2026

(febrero 17)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

-CRA-

Bogotá, D.C.

Señor

XXXXX

Asunto: Radicado CRA 2026-321-000192-2 del 8 de enero de 2026.

Respetado señor XXXXXXX,

Recibimos la comunicación del asunto, mediante la cual se solicita concepto aclaratorio sobre algunos aspectos relacionados con el ajuste de las tarifas de acueducto y alcantarillado. En particular, consulta lo siguiente:

"(...) teniendo en cuenta que el salario mínimo para el año 2026 aumentó más de 3 veces por encima de la inflación, como podria las empresas hacer lo siguiente:

1. Cómo podría aumentar estos costos y gastos a las tarifas de acueducto y alcantarillado en los costos CMA Y CMOP.

2. Qué trámite debe realizarse, es necesario pedir autorización a la CRA. (...)"

Previo a dar respuesta es preciso señalar que conforme con el alcance previsto en el artículo 28 ^[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los conceptos emitidos por esta Comisión de Regulación constituyen orientaciones y puntos de vista de carácter general, que no comprenden la solución directa de problemas específicos, ni el análisis de situaciones particulares y no tienen carácter obligatorio ni vinculante. Adicionalmente la presente respuesta se emite sin perjuicio de lo que sobre el particular consideren otras entidades en el marco de sus competencias.

Precisado lo anterior, y con el fin de atender las inquietudes planteadas, a continuación, se presentan algunas consideraciones desde el ámbito exclusivamente regulatorio y con carácter informativo, estructuradas en los siguientes ejes temáticos:

i) Marco general del régimen tarifario y competencias; ii) Mecanismos regulatorios de ajuste tarifario; y ii) Conclusiones.

i) Marco general del régimen tarifario y competencias

En primer lugar, es preciso señalar que la Ley 142 de 1994 establece que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, tiene la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de posición dominante y produzcan servicios de calidad.

Para tal efecto, los artículos 73 y 74 de dicha ley establecen las funciones regulatorias de la Comisión, dentro de las cuales el numeral 73.11 dispone que corresponde a esta entidad “establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda según lo previsto en el artículo 88; y señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación de las tarifas sea libre”. En este sentido, la CRA no fija directamente las tarifas, sino que define las metodologías y fórmulas generales que deben aplicar los prestadores.

En desarrollo de estas competencias se expidieron, entre otras, las Resoluciones CRA 688 de 2014^[2] y CRA 825 de 2017^[3], compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021, mediante las cuales se fija la metodología tarifaria general para determinar los costos económicos de referencia para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, las cuales deben ser aplicadas por las personas prestadoras que presten estos servicios públicos dependiendo del número de suscriptores que atienda.

Es importante precisar que estas metodologías no establecen porcentajes predeterminados de incremento tarifario. Las tarifas resultan de la aplicación de fórmulas que reconocen costos eficientes y condiciones particulares de demanda en cada área de prestación, razón por la cual pueden variar entre prestadores.

Dentro de este marco, se precisa que las metodologías tarifarias de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo expedidas por esta Comisión de Regulación vinculan a las personas prestadoras sujetas a su ámbito de aplicación al régimen de libertad regulada, bajo el cual, las tarifas serán fijadas autónomamente por las Juntas Directivas de las empresas que presten este servicio o por quien haga sus veces, o por el alcalde del municipio cuando el servicio sea prestado directamente por la administración municipal, quienes obran como entidad tarifaria local^[4]. Dicho lo anterior, vale la pena señalar que, cualquier modificación de las tarifas deberá ser aprobada por la Entidad Tarifaria Local.

Las tarifas de acuerdo con la regulación contenida en la Resolución CRA 943 de 2021, en su artículo 1.2.1. relativo a definiciones, dispone dos tipos de variaciones:

“Variación por actualización. Es la modificación en el nivel de las tarifas, para compensar el efecto de la inflación y cuya fórmula o índice de ajuste es definido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Variación por ajuste tarifario. Es la modificación en los niveles tarifarios, diferente a la variación por actualización, que resulta de la aplicación de la metodología de costos y tarifas establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y/o las transiciones definidas por la ley”.

Ahora bien, es importante señalar, una vez establecidos los costos económicos de prestación, las empresas podrán actualizar estos costos por indexación o por un paso directo.

Dicho lo anterior, con relación a la indexación, este se realiza en concordancia con lo señalado en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, el cual señala que: " Durante el período de vigencia de cada fórmula, las empresas podrán actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios aplicando las variaciones en los índices de precios que las fórmulas contienen. Las nuevas tarifas se aplicarán a partir del día quince del mes que corresponda, cada vez que se acumule una variación de, por lo menos, un tres por ciento (3%) en alguno de los índices de precios que considera la fórmula. Cada vez que las empresas de servicios públicos reajusten las tarifas, deberán comunicar los nuevos valores a la Superintendencia de servicios públicos, y a la comisión respectiva. Deberán, además, publicarlos, por una vez, en un periódico que circule en los municipios en donde se presta el servicio, o en uno de circulación nacional.”

Es importante destacar que una persona prestadora, dentro de su autonomía y atendiendo el criterio de suficiencia financiera establecido en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, puede no realizar las actualizaciones por acumulación del índice de precios en el mes en el que se cause, por lo que se acumularía el incremento para ser aplicado con posterioridad.

En este contexto, es relevante mencionar que, en términos generales, la actualización de tarifas por indexación tiene como finalidad preservar el valor real de los costos reconocidos en la fórmula tarifaria frente a la variación de los índices de precios adoptado por la regulación, particularmente el IPC^[5], sin que ello implique la incorporación de nuevos costos. Por su parte, los ajustes por pasos directos corresponden al reconocimiento específico de variaciones reales en determinados componentes de costo previstos expresamente en la metodología como tasas ambientales, costos operativos particulares, impuestos o nuevas inversiones cuando se cumplen las condiciones y umbrales regulatorios establecidos. De esta manera, mientras la indexación responde a un mecanismo general de actualización por inflación, los pasos directos permiten reflejar cambios concretos y verificables en la estructura de costos del prestador dentro de los supuestos taxativamente definidos por la regulación.

Así, el régimen tarifario vigente no contempla incrementos automáticos por variaciones en el salario mínimo, sino que exige que cualquier modificación tarifaria se enmarque estrictamente en los mecanismos previstos en la ley y en la metodología regulatoria aplicable.

ii) Mecanismos regulatorios de ajuste tarifario

En el marco del régimen de libertad regulada, los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado cuentan con mecanismos definidos en la regulación para ajustar sus tarifas, sin que exista una habilitación para incrementos discrecionales por fuera de las metodologías vigentes. Tales mecanismos comprenden, principalmente, la indexación por inflación, los denominados “pasos directos” y, de manera excepcional, la modificación de carácter particular de la fórmula tarifaria.

En el caso de los grandes prestadores, sometidos a la metodología contenida en la Resolución CRA 688 de 2014 (compilada en la Resolución CRA 943 de 2021), los componentes Costo Medio de Administración (CMA), Costo Medio de Operación (CMO) y Costo Medio de Inversión (CMI) pueden ser objeto de indexación cuando se acumule una variación igual o superior al tres por ciento (3%) en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y en la regulación vigente^[6]. Esta actualización busca mantener el poder adquisitivo de los costos reconocidos en la tarifa frente a la inflación y no requiere autorización previa de la CRA, aunque sí debe surtirse el procedimiento de información y publicación ante los usuarios y las autoridades competentes.

Adicionalmente, los grandes prestadores pueden aplicar ajustes por pasos directos en los eventos expresamente previstos en la regulación. Entre estos se encuentran la actualización del Costo Medio Generado por Tasas Ambientales (CMT)^[7] cuando la autoridad ambiental efectúe el cobro correspondiente; la actualización de impuestos administrativos u operativos cuando el valor efectivamente pagado difiera del proyectado en la tarifa^[8]; y el ajuste de costos operativos particulares como energía, insumos químicos o tratamiento de aguas residuales cuando en un año tarifario se acumulen variaciones iguales o superiores al cinco por ciento (5%) en pesos constantes^[9]. Igualmente, procede el reconocimiento de mayores costos por la entrada en operación de nuevos activos, ajuste a los valores incluidos en el CMO por concepto de costos de contratos de suministro de agua potable y/o interconexión, por la suscripción de un nuevo contrato de suministro de agua potable o de interconexión o por la modificación del precio pactado en un contrato en ejecución^[10], por variaciones significativas de la demanda que superen los umbrales regulatorios (variaciones mayores al 5% en su proyección de demanda)^[11], por ajustes asociados al POIR (ajuste a los valores incluidos en el CMI por variación menor o igual al 10% del valor presente del POIR del APS definido para el cálculo de las tarifas, como efecto de una modificación en las normas urbanísticas)^[12], aportes bajo condición^[13], adopción o modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)^[14], o por la incorporación de inversiones ambientales adicionales. Todos estos supuestos se encuentran delimitados de manera taxativa en la Resolución CRA 943 de 2021.

Cuando los mecanismos anteriores resulten insuficientes para garantizar el criterio de suficiencia financiera previsto en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, el gran prestador podrá solicitar ante la CRA la modificación de la fórmula tarifaria de carácter particular. Este trámite sí requiere aprobación expresa de la Comisión y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1.8.7.1.1. y siguientes de la Resolución CRA 943 de 2021.

Por su parte, los pequeños prestadores clasificados en el segundo segmento, sujetos a la metodología de la Resolución CRA 825 de 2017, también pueden actualizar los componentes CMA, CMO y CMI mediante indexación con IPC cuando se acumule una variación mínima del tres por ciento (3%)^[15]. Asimismo, pueden aplicar pasos directos en casos como la actualización del CMT^[16]; el reconocimiento de nuevos costos operativos derivados de la entrada en operación de activos no contemplados inicialmente^[17]; la variación acumulada igual o superior al cinco por ciento (5%) en costos operativos particulares durante doce meses continuos^[18]; la modificación del plan de inversiones para expansión, reposición y rehabilitación^[19]; y la incorporación de costos por auditorías internas de eficiencia energética^[20]. De igual forma, estos prestadores pueden ajustar el CMA y el CMOG dentro de los rangos definidos en la metodología^[21], teniendo en cuenta que dichos valores están expresados en pesos de diciembre de 2016 y deben mantenerse en términos reales mediante la indexación correspondiente con IPC^[22].

En cuanto a los pequeños prestadores del primer segmento, los mecanismos son sustancialmente similares: indexación con IPC bajo los mismos umbrales^[23], aplicación de pasos directos por actualización de CMT^[24], reconocimiento de nuevos costos operativos por activos puestos en operación^[25], variaciones acumuladas del cinco por ciento (5%) en costos operativos particulares^[26], modificación del plan de inversiones^[27] e incorporación de costos por auditorías de eficiencia energética^[28]. En caso de que tales instrumentos no permitan restablecer la suficiencia financiera, también podrán acudir al trámite de modificación de carácter particular de fórmula tarifaria ante la CRA.

En síntesis, los mecanismos regulatorios de ajuste tarifario se encuentran expresamente delimitados en la metodología vigente y constituyen las únicas vías a través de las cuales pueden modificarse los componentes tarifarios. La indexación permite preservar el valor real de los costos ya reconocidos frente a la variación de los índices adoptados en la regulación, mientras que los pasos directos habilitan el reconocimiento de variaciones reales y verificables en componentes específicos de costo, siempre que se cumplan las condiciones y umbrales establecidos. De manera excepcional, cuando la aplicación de estos mecanismos no resulte suficiente para garantizar el criterio de suficiencia financiera previsto en la Ley 142 de 1994, el prestador podrá solicitar ante la CRA la modificación de la fórmula tarifaria de carácter particular, trámite que requiere evaluación y aprobación expresa por parte de la Comisión. En todo caso, cualquier ajuste tarifario debe ser aprobado por la entidad tarifaria local y cumplir los deberes de información, reporte y publicidad previstos en la normatividad vigente.

iii) Conclusiones

En atención a su comunicación y conforme a las competencias atribuidas a esta Comisión, se presentan las siguientes conclusiones generales:

Con fundamento en el marco normativo y regulatorio expuesto, es preciso reiterar que la CRA no fija directamente las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, sino que establece las metodologías y fórmulas generales que deben aplicar las personas prestadoras. En el régimen de libertad regulada, corresponde a la entidad tarifaria local aprobar las tarifas, siempre con sujeción estricta a la metodología vigente.

En este contexto, el incremento del salario mínimo para la vigencia 2026, aun cuando supere la variación del IPC, no habilita por sí mismo un aumento automático o discrecional de las tarifas. Su impacto solo podrá reflejarse en la medida en que incida efectivamente en los costos reconocidos dentro de la estructura tarifaria y siempre a través de los mecanismos expresamente previstos en la regulación.

Así, los prestadores pueden ajustar sus tarifas mediante la indexación por IPC cuando se acumulen las variaciones mínimas establecidas en la ley y en la metodología, con el fin de preservar el valor real de los costos ya reconocidos. Igualmente, podrán aplicar los denominados pasos directos en los eventos taxativamente definidos en la Resolución CRA 943 de 2021, o en la norma que la modifique, sustituya o derogue, siempre que se cumplan los umbrales y condiciones allí previstos, lo cual permite reconocer variaciones reales y verificables en determinados componentes de costo.

Cuando la aplicación de estos mecanismos resulte insuficiente para garantizar el principio de suficiencia financiera consagrado en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, el prestador podrá acudir al trámite de modificación de la fórmula tarifaria de carácter particular ante la CRA, procedimiento que requiere el cumplimiento de los requisitos regulatorios y la aprobación expresa de esta Comisión.

En todo caso, cualquier ajuste tarifario debe ser aprobado por la entidad tarifaria local y cumplir con los deberes de comunicación a los usuarios, reporte a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la CRA, así como con los plazos de aplicación previstos en la normativa vigente.

En los anteriores términos se da respuesta a su consulta, reiterando que corresponde a cada persona prestadora evaluar, con base en su estructura de costos y en la metodología aplicable, la procedencia y alcance de los ajustes tarifarios dentro del marco regulatorio vigente.

Finalmente, se informa que en el marco de la Agenda Regulatoria Indicativa ARI - 2026 esta Comisión se encuentra adelantando el proceso de revisión, actualización y expedición de los marcos tarifarios aplicables tanto a grandes como a pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Dichos marcos se están actualizando a la luz de las nuevas dinámicas sectoriales y de las realidades territoriales, sociales, ambientales y económicas del país, con el propósito de asegurar que la regulación continúe garantizando eficiencia, sostenibilidad y suficiencia financiera en la prestación de los servicios. No obstante, en principio, los criterios estructurales relacionados con los mecanismos de actualización e incorporación de ajustes tarifarios como la indexación y los pasos directos no se prevé que sufran modificaciones sustanciales. En consecuencia, se sugiere al peticionario mantenerse atento a la expedición de la regulación correspondiente y a las comunicaciones oficiales que sobre el particular emita esta Comisión.

En caso de requerir información adicional y/o asesoría en materia tarifaria, le invitamos a comunicarse al teléfono en Bogotá (601) 487 3820 o a la línea gratuita nacional 01 8000 517 565 y uno de nuestros asesores atenderá sus inquietudes.

Cordialmente,

HERMES DARÍO CRUZ GÓMEZ

Subdirector de Regulación (E)

<NOTAS DE PIE DE PÁGINA>

1. Sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo."

2. “Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana”.

3. “Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan”.

4. Artículo. 1.2.1. de la Resolución CRA 943 de 2021.

5. Índice de Precios al Consumidor (IPC): Indicador calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que mide la variación en el tiempo de los precios de los bienes y servicios más representativos del consumo de los hogares en Colombia, permitiendo estimar el costo de vida. Las variaciones positivas corresponden a inflación y las negativas a deflación. El IPC se construye con base en una canasta de referencia compuesta por 443 artículos agrupados en doce divisiones de gasto (como alimentos, vivienda, transporte, salud, educación, entre otros), cuyos precios se recolectan mensualmente en más de 55.000 fuentes en 38 ciudades del país. Estos precios se ponderan según su participación en el gasto promedio de los hogares, lo que permite hacer seguimiento a su evolución en el tiempo.

6. Artículo 2.1.2.1.4.7.1. actualización de los costos de la Resolución CRA 943 de 2021.

7. Artículos 2.1.2.1.4.4.1 y 2.1.2.1.4.4.2. de la Resolución CRA 943 de 2021.

8. Parágrafo de los artículos 2.1.2.1.4.2.14. y 2.1.2.1.4.1.7. de la Resolución CRA 943 de 2021.

9. Parágrafo 3 del artículo 2.1.2.1.4.2.7. de la Resolución CRA 943 de 2021 y parágrafo 4 del artículo 2.1.2.1.4.2.13. de la Resolución CRA 943 de 2021.

10. Artículo 2.1.2.3.2. de la Resolución CRA 943 de 2021.

11. Artículo 2.4.2.8.1. de la Resolución CRA 943 de 2021.

12. Parágrafo 5 del artículo 2.1.2.1.1.7. de la Resolución CRA 943 de 2021.

13. Cuando se descuenten los aportes de que trata el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 (Artículo 2.1.2.3.3 de la Resolución CRA 943 de 2021).

14. Artículo 2.1.2.3.4 de la Resolución CRA 943 de 2021.

15. Artículos 2.1.1.1.2.4. y 6.2.1.1. de la Resolución CRA 943 de 2021.

16. Artículos 2.1.1.1.4.5.1. y 2.1.1.1.4.5.2. de la Resolución CRA 943 de 2021.

17. Parágrafo 3 del artículo 2.1.1.1.4.3.3. de la Resolución CRA 943 de 2021.

18. Parágrafo 3 del artículo 2.1.1.1.4.3.3. de la Resolución CRA 943 de 2021.

19. Artículo 2.1.1.2.1. de la Resolución CRA 943 de 2021.

20. Artículo 2.1.1.1.6.1 de la Resolución CRA 943 de 2021.

21. Artículos 2.1.1.1.4.2.1 y 2.1.1.1.4.3.2. de la Resolución CRA 943 de 2021.

22. Artículo 2.1.1.1.2.4. de la Resolución CRA 943 de 2021.

23. Artículos 2.1.1.1.2.4. y 6.2.1.1. de la Resolución CRA 943 de 2021.

24. Artículos 2.1.1.1.4.5.1. y 2.1.1.1.4.5.2. de la Resolución CRA 943 de 2021.

25. Parágrafo 4 del artículo 2.1.1.1.3.3.4. de la Resolución CRA 943 de 2021.

26. Parágrafo 5 del artículo 2.1.1.1.3.3.4. de la Resolución CRA 943 de 2021.

27. Artículo 2.1.1.2.1. de la Resolución CRA 943 de 2021.

28. Artículo 2.1.1.1.6.1 de la Resolución CRA 943 de 2021.