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RESOLUCIÓN CRA 1043 DE 2026

(octubre 29)

Diario Oficial No. 53.674 de 30 de octubre de 2026

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Por la cual se modifica el cronograma 2 del literal b) del artículo 4o de la Resolución CRA 1027 de 2026 modificado por el artículo 1o de la Resolución número 1037 de 2026.

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 142 de 1994, los Decretos números 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007, el Auto número 2059 de 2025 de la Corte Constitucional, y

CONSIDERANDO:

1. Marco Jurídico

Que los artículos 334, 365 y 367 de la Constitución Política de Colombia establecen mandatos en relación con la prestación de los servicios públicos como una actividad de la economía del país, sometida al régimen jurídico que fije la ley, los cuales son inherentes a la finalidad social y podrán ser prestados por el Estado, por comunidades organizadas o por particulares, manteniendo el Gobierno la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios, y cuyo régimen debe ser definido por la ley en aspectos como competencias, responsabilidades, cobertura, calidad, financiación y régimen tarifario, entre otros.

Que el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 establece las funciones y facultades generales de las Comisiones de Regulación, señalando que "(…) tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad (…)".

Que, en virtud de lo anterior, el numeral 73.11 de la misma ley señala que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) tiene la facultad de "(…) Establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, (…)".

Que, para el servicio público de aseo y sus actividades complementarias, entre ellas, la actividad de aprovechamiento, se expidió la reglamentación respectiva, la cual se encuentra compilada en el Decreto número 1077 de 2015.

Que el Decreto ibidem en su artículo 2.3.2.2.1.11 prevé la libre competencia en el servicio público de aseo y sus actividades complementarias.

Que la Corte Constitucional a través de diferentes decisiones judiciales se ha pronunciado en relación con la labor del reciclador de oficio[1]; es decir, la "Persona natural que goza de especial protección constitucional, que realiza de manera habitual las actividades de recuperación, recolección, transporte y clasificación de los residuos sólidos ordinarios aprovechables para su posterior reincorporación al ciclo económico productivo, y que deriva el sustento propio y familiar de esta actividad"[2].

Que, recientemente, la Corte Constitucional profirió el Auto número 2059 del 19 de diciembre de 2025, dentro del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003, en el que reconoció en el artículo 1o "(…) la configuración de un riesgo grave e inminente de la afectación a los derechos fundamentales de la población recicladora de oficio del Distrito Capital de Bogotá (…)", y, entre otras cosas, ordenó a esta Comisión de Regulación expedir un acto administrativo de carácter transitorio, dirigido a preservar las acciones afirmativas en favor de la población recicladora de oficio, mientras se define y adopta el marco regulatorio y contractual definitivo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital.

Que en el mencionado Auto número 2059 de 2025, entre otros aspectos, también ordenó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en el literal a) del artículo primero de la parte resolutiva que el acto administrativo debe contener: el listado de las acciones afirmativas vigentes que deben mantenerse, procedimientos claros para garantizar la continuidad del servicio público de aseo, cronogramas y responsables de la implementación de las medidas.

2. Resolución CRA 1027 de 2026

Que esta Comisión de Regulación profirió la Resolución CRA 1027 del 20 de enero de 2026, por medio de la cual se expide un régimen transitorio en cumplimiento al artículo 1o del Auto número 2059 de 2025 de la Sala Quinta de Revisión de la Honorable Corte Constitucional proferido dentro del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003.

Que mediante este acto administrativo, y atendiendo a las consideraciones expuestas en la misma resolución, se creó un régimen transitorio, excepcional y exclusivo para Bogotá, Distrito Capital, en virtud del cual podrá ampliarse el plazo de las Áreas de Servicio Exclusivo por un término superior a ocho (8) años, con el fin de mantener las acciones afirmativas que garanticen el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos ordinarios aprovechables a la población de recicladores de oficio; se determinaron las acciones afirmativas que el Distrito Capital debe mantener; se adoptaron unos cronogramas y responsables, y la vigencia del régimen transitorio para Bogotá, Distrito Capital, indicando que regía a partir de la expedición de dicha resolución y hasta el 30 de noviembre de 2027.

3. Resolución CRA 1037 de 2026

Que para adelantar la emisión del acto administrativo "Por la cual se subroga el Título 2, Parte 3, Libro 5 de la Resolución CRA 943 de 2021, relacionado con la metodología tarifaria a la que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan municipios y/o distritos de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas" por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico se tenía previsto en el cronograma de la Resolución CRA 1027 de 2026, como fecha máxima, mayo de 2026; pero que, debido a situaciones externas y ajenas a esta entidad que afectaron el trámite de la expedición del nuevo marco tarifario, no era posible cumplir con este término.

Que, de manera particular, la Resolución CRA 1027 de 2026 reconoció que en aplicación del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, desde el 20 de enero de 2026, fecha en que se expidió la Resolución CRA 1027 de 2026, y el 29 de abril de 2026, la actuación administrativa fue suspendida durante el trámite de cuatro (4) recusaciones, lo cual implicó que aunque habían transcurrido sesenta y ocho (68) días hábiles, solo veinticinco (25) días hábiles fueron sin suspensión, lo que conllevó un retraso involuntario del cronograma previsto.

Que teniendo en cuenta que las actividades, previstas en los cronogramas establecidos en la Resolución CRA 1027 de 2026, tienen un orden cronológico y se encuentran concatenadas; es decir, el inicio del término de la siguiente actividad solo empieza a correr cuando se cumple la precedente; el ajuste en el cronograma para la expedición del acto administrativo relacionado con la metodología tarifaria, a la que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo, que atiendan municipios y/o distritos de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, implicó el ajuste de las actividades subsiguientes a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Que como resultado de la modificación dispuesta a través de la Resolución CRA 1037 de 2026, el plazo para la expedición del acto administrativo contentivo de la nueva fórmula tarifaria para grandes prestadores del servicio de aseo a cargo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, sería de hasta tres (3) meses contados desde la publicación de la Resolución CRA 1037 de 2026, la cual ocurrió el día 23 de julio de 2026.

Que, a su turno, a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del Distrito Capital, le corresponde dar cumplimiento a las actividades correspondientes al establecimiento de áreas de servicio exclusivo, contenidas en el cronograma 2 del literal b) del artículo 4o de la Resolución CRA 1027 de 2026; siendo la primera de estas la preparación y presentación de la solicitud hasta por tres (3) meses plazo que empezará a contarse desde la expedición del nuevo marco tarifario o a más tardar el día 30 de noviembre de 2026.

Que, respecto de las demás actividades del cronograma, se mantuvo el plazo en meses previsto en la Resolución CRA 1027 de 2026, pero ya no sujeto a fechas específicas, teniendo en cuenta que la fecha de inicio depende de la actividad anterior y que la misma podría llevarse a cabo antes del vencimiento máximo.

4. Expedición de la Resolución CRA 1040 de 2026

Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico dando cumplimiento al cronograma establecido en el literal a) del artículo 4o de la Resolución CRA 1027 de 2026 modificado por el artículo 1o de la Resolución CRA 1037 de 2026, antes del vencimiento allí previsto, el 30 de julio de 2026 expidió la Resolución CRA 1040 de 2026 "Por la cual se subroga el Título 2, Parte 3, Libro 5 de la Resolución CRA 943 de 2021, relacionado con la metodología tarifaria a la que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan municipios y/o distritos de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, y se dictan otras disposiciones".

Que teniendo en cuenta que la Resolución CRA 1040 de 2026 fue publicada en el Diario Oficial número 53.573 del primero de agosto de 2026, el término de tres (3) meses previsto para la actividad 1) del cronograma 2) del artículo 4o de la Resolución CRA 1027 de 2026, modificada por la Resolución CRA 1037 de 2026 "preparación y presentación de la solicitud de ASE de conformidad con lo previsto en el artículo 6o de la Resolución CRA 824 de 2017" por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), se vence el día 3 de noviembre de 2026, por ser el día hábil siguiente al del vencimiento, esto de conformidad con el artículo 118 de la Ley 1564 de 2012, aplicable por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, así como el artículo 59 de la Ley 4a de 1913.

5. Necesidad de la modificación expuesta por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del Distrito Capital (UAESP)

Que el artículo 287 de la Constitución Política establece que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y en tal virtud ejercerán las competencias que les correspondan.

Que el artículo 311 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 5o de la Ley 142 de 1994 determinan que al municipio le corresponde, entre otras funciones, prestar los servicios públicos, que determine la ley y asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica.

Que mediante radicado CRA 20263210151632 del 23 de octubre de 2026 se recibió, de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), comunicación mediante la cual solicita a esta entidad la modificación del plazo previsto en la Resolución CRA 1037 de 2026, que modificó los artículos 4o y octavo de la Resolución CRA 1027 de 2026, en el sentido de que se prorrogue el inicio de la actividad 1 del cronograma 2) del literal b) del artículo 4o de la Resolución CRA 1027 de 2026, relacionada con la preparación y presentación de solicitud de verificación de motivos para la inclusión de cláusulas de áreas de servicio exclusivo.

Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) expone como argumentos los siguientes:

1) Que la Resolución CRA 1040 de 2026 se encuentra sujeta a varios debates en sede judicial y administrativa.

2) Necesidad de preservar y hacer sostenibles las acciones afirmativas a favor de la población recicladora de oficio: - argumentando que "la estructura de ingresos y el techo tarifario resultante de la actividad de recolección, barrido y limpieza (en adelante "RBL") en el nuevo esquema vigente posicionan a la UAESP ante dificultades para garantizar varias de esas acciones afirmativas, entre ellas, aquellas que sostienen el esquema, es decir, los mecanismos de manejo fiduciario de los recursos destinados a la remuneración de la actividad de aprovechamiento, y el sistema de información", y que se requiere revisar conjuntamente dicha situación en las mesas técnicas.

3) Suficiencia tarifaria y servicios requeridos para una ciudad con estándares de limpieza adecuados: - indicando que históricamente el servicio de aseo financia "servicios indispensables para materializar la correcta, continua y eficaz prestación del servicio a los usuarios de la ciudad y para garantizar una ciudad con estándares de limpieza adecuados", y cuestionamientos de Organizaciones de Recicladores y de concesionarios del servicio de aseo que se requiere discutir con la Comisión de Regulación frente a la reducción de la estructura de ingresos.

4) Seguridad jurídica como presupuesto indispensable para la actuación de la UAESP y de la CRA: "La preservación de la seguridad jurídica no constituye una mera formalidad, sino una garantía indispensable para la adecuada toma de decisiones regulatorias y administrativas. En ese contexto, a la UAESP le corresponde abstenerse de adelantar actuaciones, mientras que, a la CRA, en su calidad de autoridad regulatoria y responsable de la definición del cronograma aplicable, le corresponde evaluar la pertinencia de ajustar los plazos establecidos, de manera que las actuaciones se desarrollen bajo un marco normativo claro, estable y jurídicamente cierto".

Que por lo anterior la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) solicita la citada modificación del artículo primero de la Resolución CRA 1037 de 2026, "en el sentido de ampliar, por lo menos hasta la armonización de la entrada en aplicación del nuevo marco tarifario previsto en la Resolución CRA 1040 de 2026, para que la UAESP dé inicio a la actividad 1 del cronograma 2 del literal b) del artículo 4o de la Resolución CRA 1027 de 2026, relacionada con la preparación y presentación de la solicitud de verificación de motivos para la inclusión de cláusulas de áreas de servicio exclusivo" (subraya fuera de texto), entendiendo esta entidad que se refiere a que coincidan los términos el 1o de enero de 2027.

Que es pertinente indicar que el parágrafo 1o del artículo 1o de la Resolución CRA 1027 de 2026 establece que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) evaluará de oficio, o a petición de parte, el cumplimiento de los cronogramas antes del vencimiento del régimen transitorio, con el fin de garantizar que en ningún periodo se menoscaben las acciones afirmativas dirigidas a la población recicladora y se garantice su empalme con el esquema definitivo. En todo caso, el Distrito Capital, como entidad garante de la prestación del servicio de aseo y de las acciones afirmativas para la población de recicladores de oficio, definirá el esquema definitivo de prestación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5o de la Ley 142 de 1994; Que, en el mismo sentido, el parágrafo 2o del artículo 1o de la Resolución CRA 1027 de 2026 prevé que los cronogramas de que trata el citado artículo, pueden ser objeto de ajuste en el caso de que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y esta Comisión de Regulación logren optimizar y minimizar los tiempos aquí planteados, y de ello se informe oportunamente a la Corte Constitucional.

1. Consideraciones de la CRA

Que frente al primer argumento expuesto por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), relacionado con los debates contra la Resolución CRA 1040 de 2026 en sede judicial y administrativa, resulta pertinente indicar que la Resolución CRA 1040 de 2026 goza de presunción de legalidad de conformidad con el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011; que está en firme, se encuentra vigente desde el día 1o de agosto de 2026; y el inicio de aplicación e inicio de cobro a los suscriptores del servicio de aseo iniciará el día 1o de enero de 2027 de conformidad con el artículo 5.3.2.6.3 de la Resolución CRA 943 de 2021 subrogada por la Resolución CRA 1040 de 2026, razones por las cuales esta entidad considera que este argumento no es adecuado para sustentar la modificación de los cronogramas.

Que esta consideración coincide con la noción sobre la presunción de legalidad de los actos administrativos expuesta por el Consejo de Estado, que ha indicado que:

"Presunción de legalidad de los actos administrativos La presunción de legalidad es un atributo de los actos administrativos que tiene reconocimiento doctrinal, jurisprudencial y, especialmente, legal. En este sentido, el artículo 88 del CPACA prevé: "Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar". De todo acto administrativo se presume su validez, la cual solo puede ser puesta en vilo en atención a una decisión definitiva de autoridad judicial competente. Ni siquiera el decreto de una medida cautelar como la suspensión provisional del acto administrativo implica un vicio de validez, pues la medida tan solo supone la suspensión de sus efectos. El fundamento constitucional de la presunción de legalidad reside en los artículos 83 y 209 de la Constitución Política de 1991. El primero dispone que, tanto las actuaciones de los particulares como las de las autoridades públicas, debe ceñirse al principio de buena fe, que se presume de ambos sujetos. El segundo se refiere a los principios que rigen la función administrativa y enfatiza en que aquella "[…] está al servicio de los intereses generales […]". Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha precisado que la teleología de la presunción de legalidad es garantizar que la Administración pueda responder de forma inmediata a la satisfacción de las necesidades urgentes de la comunidad, logrando así la garantía de los intereses públicos o sociales sobre los intereses particulares"[3] (subraya fuera de texto); Que el argumento relacionado con la seguridad jurídica tampoco resulta de recibo para esta entidad para la modificación de los cronogramas, pues resulta contrario al artículo 5.2.6 de la Resolución número 943 de 2021 sobre ESTABILIDAD REGULATORIA, que precisamente indica que "la solicitud de verificación de motivos de áreas de servicio exclusivo contendrá la fórmula de cálculo de las tarifas, la cual podrá ser establecida con la metodología tarifaria vigente expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) o será la definida por la entidad territorial competente. En todo caso, la tarifa resultante de esta última deberá ser igual o menor a la calculada con la metodología tarifaria vigente y su forma de cálculo no podrá modificarse durante el período de duración del esquema".

Que, a diferencia de los argumentos expuestos en precedencia, resulta procedente modificar el cronograma 2 establecido en el literal b) del artículo 4o de la Resolución CRA 1027 de 2026, modificado por la Resolución CRA 1037 de 2026, en virtud de la garantía de la autonomía territorial de la que goza el Distrito Capital y de su obligación de garantizar la prestación del servicio público de aseo en la ciudad.

Que entre la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), pese a que se han llevado a cabo mesas interinstitucionales los días 5, 6, 20 de enero de 2026, 20 de mayo de 2026, 6 de julio de 2026 y, después de expedida la Resolución CRA 1040 de 2026, los días 12, 27 de agosto de 2026, 9 y 28 de septiembre de 2026, y 2 de octubre de 2026, con el fin de colaborar armónicamente entre las entidades involucradas para el cumplimiento del Auto número 2059 de 2025, varias de ellas con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, solamente con ocasión de la reunión celebrada el pasado 19 de octubre de 2026, se dieron a conocer las inquietudes planteadas por la entidad territorial, que no habían sido advertidas con anterioridad a esa fecha.

Que con el fin de identificar de manera pormenorizada los aspectos mencionados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) derivada de la reunión del 19 de octubre de 2026, se llevó a cabo una nueva reunión que se realizó el día 21 de octubre de 2026, la cual continuó el día 26 de octubre de 2026, y con el fin de continuar con las explicaciones por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) frente a las inquietudes formuladas, se programó una nueva sesión para el día 11 de noviembre de 2026, lo cual implica que las aclaraciones o ajustes que deba considerar la entidad territorial sobrepasan la fecha prevista en el cronograma 2 a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) relacionado con la presentación de la solicitud de verificación de motivos en la fecha inicialmente prevista.

Que también para la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, resulta de total interés verificar en las mesas de articulación cada uno de los aspectos técnicos y financieros planteados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) a fin de garantizar que la aplicación de la Resolución CRA 1040 de 2026 ofrezca las señales regulatorias que permitan al Distrito Capital asegurar la prestación adecuada del servicio de aseo en la capital del país, así como la permanencia y no regresividad de las acciones afirmativas en favor de la población recicladora de oficio.

Que, por las razones fácticas señaladas en esta resolución, se considera necesario modificar el cronograma 2 del literal b) del artículo 4o de la Resolución CRA 1027 de 2026 modificada por el artículo 1o de la Resolución CRA 1037 de 2026, frente a la actividad 1) a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Que la Comisión, analizada la solicitud presentada por la UAESP, los elementos técnicos y jurídicos expuestos en las mesas de trabajo interinstitucionales, encuentra procedente ajustar el cronograma 2 del literal b) del artículo 4o de la Resolución CRA 1027 de 2026 modificada por el artículo 1o de la Resolución CRA 1037 de 2026, frente a la actividad 1) a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), previsto en la regulación transitoria, con el fin de garantizar una adecuada articulación entre las actividades regulatorias en curso, la implementación del nuevo marco tarifario y el cumplimiento de las órdenes impartidas en el Auto número 2059 de 2025 de la Corte Constitucional, sin afectar la continuidad en la prestación del servicio público de aseo ni las acciones afirmativas vigentes en favor de la población recicladora de oficio.

Que los demás artículos de la Resolución CRA 1027 de 2026 se mantendrán sin modificación alguna y continúan plenamente vigentes, especialmente la vigencia del esquema transitorio aspecto sobre el cual no se refirió la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Que el literal c) del Auto número 2059 de 2025 expedido por la Corte Constitucional ordenó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la UAESP que informen a la mencionada corporación sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas, para lo cual deberán adjuntar copia de los documentos y evidencias de ejecución, incluyendo cronogramas y responsables, dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de los actos administrativos respectivos.

7. Otros aspectos

Que, tratándose la presente resolución de un acto administrativo de carácter general, es preciso realizar las siguientes consideraciones:

Que, primero, al ser este acto administrativo una modificación de la Resolución CRA 1027 de 2026, que es de carácter transitorio, dicha naturaleza del acto también aplica a esta resolución, por lo que es procedente lo dispuesto en el Decreto número 1077 de 2015, en el artículo 2.3.6.3.3.12. "Compilación de regulaciones de carácter general", en el sentido de que, dentro de las compilaciones realizadas por las Comisiones de Regulación, no se incluirán las resoluciones de carácter transitorio, de modo que este acto administrativo no se compilará en la Resolución CRA 943 de 2021.

Que el artículo 9o del Decreto número 2696 de 2004, compilado en el Decreto número 1077 de 2015, establece las reglas aplicables a la publicidad de los proyectos regulatorios de carácter general, como garantía de los principios de transparencia, publicidad y participación ciudadana. No obstante, el artículo 1.16.1 de la Resolución CRA 943 de 2021 contempla excepciones a dicho procedimiento, entre ellas, cuando deban expedirse actos regulatorios ante situaciones graves de orden público, económico o social que tengan la capacidad de afectar de manera grave la prestación continua e ininterrumpida de los servicios públicos y hagan necesaria la intervención urgente de la Comisión.

Que, mediante el Auto número 2059 de 2025, la Corte Constitucional reconoció la existencia de un riesgo grave e inminente de afectación de los derechos fundamentales de la población recicladora de oficio del Distrito Capital, asociado, entre otros aspectos, a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público de aseo, preservar las acciones afirmativas vigentes y asegurar una transición ordenada hacia el esquema definitivo de prestación. En cumplimiento de dicha providencia, la Comisión expidió la Resolución CRA 1027 de 2026, posteriormente modificada por la Resolución CRA 1037 de 2026, mediante las cuales se establecieron medidas transitorias y cronogramas para la implementación del nuevo esquema.

Que, en este contexto, la modificación del cronograma tiene por finalidad permitir que el Distrito y la UAESP culminen las actividades de coordinación y análisis necesarias para la adecuada estructuración de la solicitud de verificación de motivos, procurando que su presentación se efectúe con los soportes técnicos, económicos y jurídicos exigibles, sin comprometer la continuidad del servicio público de aseo ni la preservación de las acciones afirmativas reconocidas a la población recicladora de oficio.

Que, atendiendo a la proximidad del vencimiento del plazo vigente y a la necesidad de adoptar oportunamente una decisión que permita mantener la articulación entre las actuaciones administrativas previstas en el régimen transitorio, la Comisión considera necesaria su intervención antes del vencimiento del término establecido.

Que, acreditadas las circunstancias excepcionales anteriormente descritas y su relación directa con la necesidad de adoptar una medida regulatoria urgente, la Comisión considera procedente aplicar la excepción prevista en el numeral 1 del artículo 1.16.1 de la Resolución CRA 943 de 2021, respecto del procedimiento ordinario de publicidad y participación de proyectos regulatorios, exclusivamente para la modificación del cronograma objeto del presente acto administrativo, sin que ello implique alterar las demás obligaciones, medidas y garantías establecidas en la Resolución CRA 1027 de 2026 y sus modificaciones.

Que la citada excepción se mantiene para la presente resolución en cuanto a la grave situación de orden público, económico o social, toda vez que los motivos reconocidos por la Corte Constitucional en el Auto número 2059 de 2025 y que fueron el fundamento para expedir la Resolución CRA 1027 de 2026 subsisten.

Que la Corte Constitucional en el Auto en mención, entre otras cosas, señaló:

" (…)

68. La Sala advierte que la situación fáctica y normativa expuesta por los solicitantes de la verificación y cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003, así como por las entidades que coadyuvaron la petición, revela la existencia de un riesgo cierto, grave e inminente de afectación a los derechos fundamentales de la población recicladora de oficio de Bogotá, grupo que ha sido reconocido de manera reiterada por esta Corporación como sujeto de especial protección constitucional.

(…)

75. Así las cosas, las alternativas de continuidad basadas en una simple extensión o prórroga contractual no resultan jurídicamente viables en el estado actual de la regulación, circunstancia que descarta la posibilidad de preservar las acciones afirmativas ordenadas en la Sentencia T-724 de 2003 mediante mecanismos contractuales ordinarios y refuerza la necesidad de acudir a una solución de carácter regulatorio y transitorio, adoptada por la autoridad competente, con el fin de evitar una regresión en el nivel de protección constitucional alcanzado por la población recicladora.

(…)

77. En este orden, la eventual interrupción o debilitamiento de las acciones afirmativas actualmente vigentes no solo afectaría de manera directa los derechos fundamentales de la población recicladora, sino que también comprometería la continuidad, eficiencia y sostenibilidad del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá, lo cual, además, configura un perjuicio grave al interés público que el juez constitucional está llamado a prevenir.

78. La Sala resalta que el riesgo descrito no es hipotético ni remoto, sino actual y verificable, en la medida en que el vencimiento contractual es un hecho objetivo y próximo, y las condiciones normativas, regulatorias y/o administrativas necesarias para una transición ordenada hacia un nuevo esquema de prestación aún no se encuentran definidas ni implementadas. (…)" Subrayas fuera de texto.

Que, para el momento de la expedición de esta resolución, el riesgo actual y verificable que identificó la Alta Corporación en el Auto número 2059 de 2025 persiste por la siguiente razón:

6. Ante el vencimiento inminente de los contratos de concesión para la prestación del servicio público de aseo en la capital, el Distrito prorrogó los contratos, y si bien es cierto que con esta figura se da continuidad a los contratos, también lo es que las prórrogas tienen unas condiciones limitadas en el tiempo impuestas por la Ley 80 de 1993, que, al cumplirse, dan paso a la terminación de las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) y el inicio del esquema de libre competencia.

Lo anterior, sumado a lo señalado por la Corte Constitucional, en cuanto a que "(…) las alternativas de continuidad basadas en una simple extensión o prórroga contractual no resultan jurídicamente viables en el estado actual de la regulación (…)".

Que el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto número 1074 de 2015 establece los supuestos en los que las autoridades de regulación pueden exceptuar el deber de informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los proyectos de actos administrativos con posibles efectos sobre la libre competencia económica.

Que, en particular, el numeral 2 de la citada disposición contempla una excepción aplicable a los actos administrativos que se limitan a ampliar plazos, mientras que el numeral 4 prevé un supuesto relacionado con la necesidad de expedir un acto administrativo para dar cumplimiento a una orden judicial, siempre que dicho cumplimiento no resulte posible sin su expedición.

Que el presente acto administrativo tiene como objeto exclusivo modificar el plazo previsto en el cronograma 2 del literal b) del artículo 4o de la Resolución CRA 1027 de 2026, modificada por la Resolución CRA 1037 de 2026, para la preparación y presentación de la solicitud de verificación de motivos para el establecimiento de áreas de servicio exclusivo en Bogotá, D. C., sin modificar los requisitos, condiciones sustanciales, criterios regulatorios o procedimientos aplicables a dicha solicitud, ni las demás disposiciones que regulan el esquema transitorio de prestación del servicio público de aseo.

Que, en consecuencia, al circunscribirse la modificación propuesta a la ampliación de un plazo previamente establecido, sin introducir nuevas condiciones de acceso al mercado, restricciones a la participación de agentes económicos o modificaciones a las reglas sustanciales de competencia, la Comisión considera que el proyecto se encuentra comprendido en la excepción prevista en el numeral 2 del artículo 2.2.2.30.4 del Decreto número 1074 de 2015, razón por la cual no resulta exigible su remisión a la Superintendencia de Industria y Comercio para el trámite de abogacía de la competencia.

Que, adicionalmente, la modificación del cronograma se enmarca en las actuaciones regulatorias adoptadas para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional mediante el Auto número 2059 de 2025, particularmente en lo relacionado con la continuidad del servicio público de aseo, la protección de los derechos de la población recicladora de oficio y la transición hacia el esquema definitivo de prestación, sin que esta circunstancia constituya por sí sola el fundamento de la excepción al deber de información previamente señalado.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. Modificar única y exclusivamente el cronograma 2 del literal b) del artículo 4o de la Resolución CRA 1027 de 2026, modificada por la Resolución CRA 1037 de 2026, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo, el cual quedará así:

"2. Cronograma 2 Cronograma para las actividades correspondientes al establecimiento de áreas de servicio exclusivo, remitido por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) mediante el radicado CRA 20263210151632 del 23 de octubre de 2026, el cual fue concertado por las entidades involucradas.

ActividadAcciónResponsablePlazo
1Preparación y presentación de la solicitud de ASE de conformidad
con lo previsto en el artículo 6o de la Resolución CRA 824 de 2017.
UAESPHasta el 1o de enero de 2027
2Análisis y decisión sobre la solicitud de ASE, de conformidad con lo previsto en el artículo 6o de la Resolución CRA 824 de 2017.CRAHasta 5 meses (a partir de la ejecución de la actividad 1)
3Licitación públicaUAESPHasta 6 meses (a partir de la ejecución de la actividad 2)
4Adjudicación de la licitación e inicio de la operación del esquema definitivoUAESPHasta 4 meses (a partir de la ejecución de la actividad 3)

ARTÍCULO 2o. DISPOSICIONES QUE PERMANECEN VIGENTES. Las disposiciones contenidas en el literal a), el cronograma 1 del literal b) y los parágrafos del artículo 4o, así como las demás disposiciones de la Resolución CRA 1027 de 2026, modificada por la Resolución CRA 1037 de 2026, que no sean objeto de modificación expresa mediante la presente resolución, permanecerán vigentes en los términos establecidos en dichos actos administrativos.

ARTÍCULO 3o. Remitir copia auténtica del acto administrativo a la Sala Quinta de Revisión de la Honorable Corte Constitucional y a la Procuraduría General de la Nación, dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, en el marco del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003 y del Auto número 2059 de 2025, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO 4o. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de octubre de 2026.

El Presidente,

Jaime Andrés Beltrán Martínez.

La Directora Ejecutiva,

Gloria Esperanza Narváez Tafur.

NOTAS AL FINAL

1. Sentencia T-724 de 2003 y en el seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en dicha sentencia se han expedido entre otros los Autos números 091 de 2010, 268 de 2010, 326 de 2010, 355 de 2010, 127 de 2011, 180 de 2011, 183 de 2011, 189 de 2011, 275 de 2011, 005 de 2012, 008 de 2012, 084 de 2012, 292 de 2012, 293 de 2012, 311 de 2013, 366 de 2014, 089 de 2015, 250 de 2015, 587 de 2015, 736 de 2017, 311 de 2020, 1001 de 2023, Auto de 20 de febrero de 2024 y Auto de 27 de noviembre de 2025.

2. Numeral 36, artículo 2.3.2.1.1. del Decreto número 1077 de 2015.

3. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Bogotá, D. C., Veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Nulidad Radicación: 76001-23-33-000-2020-00154-02 (4137-2021)

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