PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE 2021 CRA

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

-CRA-

Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificado por el artículo 4 de la Resolución CRA 936 de 2020, los artículos 8 y 9 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificados por los artículos 2 y 3 de la Resolución CRA 921 de 2020, el artículo 10 de la Resolución CRA 911 de 2020 y el artículo 12 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificado por el artículo 5 de la Resolución CRA 936 de 2020

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 142 de 1994, la Ley 1437 de 2011, los Decretos 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007, modificado por el Decreto 2412 de 2015 y el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad;

Que el artículo 334 de la Constitución Política consagra que la dirección general de la economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá por mandato de la ley entre otras actividades, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano;

Que el artículo 365 ibidem prevé que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional; así mismo, los servicios públicos domiciliarios estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley y el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de estos;

Que el artículo 370 del ordenamiento constitucional, prevé que corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios;

Que el artículo 68 de la Ley 142 de 1994, establece que el señalamiento de esas políticas se podrá delegar en las Comisiones de Regulación;

Que en virtud de lo anterior, el Presidente de la República mediante Decreto 1524 de 1994 delegó las funciones presidenciales de señalar políticas generales de administración y control de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios en las Comisiones de Regulación;

Que el artículo 2 de la Ley 142 de 1994 dispone que el Estado intervendrá en los servicios públicos, entre otros fines, para “(…) 2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. 2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico. 2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan. (…) 2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad.”;

Que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 "Las comisiones de regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que

las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”;

Que el numeral 73.21 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, faculta a la Comisión de Regulación para “(…) señalar, de acuerdo con la ley, criterios generales sobre abuso de posición dominante en los contratos de servicios públicos, y sobre la protección de los derechos de los usuarios en lo relativo a facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la relación de la empresa con el usuario”;

Que el numeral 99.9 del artículo 99 de la citada Ley, señala que "(...) con el fin de cumplir cabalmente con los principios de solidaridad y redistribución no existirá exoneración en el pago de los servicios de que trata esta ley para ninguna persona natural o jurídica";

Que en este sentido, se prohíbe la exoneración del pago de los servicios públicos a cualquier persona natural o jurídica, en razón a que la prestación de los servicios públicos, entre ellos los de acueducto, alcantarillado y aseo, se enmarca en el contrato de servicios públicos, definido por el artículo 128 de la Ley 142 de 1994, como “(…) un contrato uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados” (subrayado fuera de texto);

Que de esta forma, la prestación de los servicios públicos tiene un carácter oneroso por cuanto se deben tener en cuenta los criterios relativos a la eficiencia económica, suficiencia financiera, solidaridad y redistribución de ingresos^[1] que se aplican al régimen tarifario, entendiendo la suficiencia financiera como el criterio con el cual las tarifas de los servicios públicos deben garantizar la recuperación de los costos y gastos que genere la operación y permitir remunerar el patrimonio de los accionistas, en las mismas condiciones de una empresa eficiente;

Que por causa de la pandemia mundial generada por el COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia declaró la emergencia sanitaria mediante la Resolución 385 de 2020, a partir del 12 de marzo de 2020 y prorrogada en 5 oportunidades por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020, 222 y 738 de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021;

Que con ocasión de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19 la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA expidió la Resolución CRA 911 de 2020 “Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias en el sector de agua potable y saneamiento básico, derivadas de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19”, publicada en el Diario Oficial No. 51.260 de 18 de marzo de 2020;

Que dicha resolución introdujo medidas de carácter transitorio con el fin de enfrentar la situación derivada de la declaratoria de la emergencia sanitaria que debían realizar los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de las Resoluciones CRA 688 de 2014, CRA 720 de 2015 y CRA 825 de 2017;

Que los artículos 3 y 4 de la Resolución CRA 911 de 2020, establecieron que las personas prestadoras debían reinstalar y reconectar el servicio público domiciliario de acueducto a los suscriptores y/o usuarios que se encontraran en situación de suspensión y corte del servicio, respectivamente, de manera inmediata tras la expedición de la mencionada resolución;

Que el artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificado por el artículo 4 de la Resolución CRA 936 de 2020, señaló que las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto no podrán adelantar acciones de suspensión o corte del servicio a los suscriptores residenciales, y que contarán con un plazo de un periodo de facturación para reiniciar las acciones de suspensión o corte del servicio a las que se refieren los artículos 3 y 4 de dicha resolución, contados a partir de la finalización del término de aplicación de la medida de la emergencia sanitaria, por causa del Coronavirus COVID-19, conforme al artículo 12 de la mencionada resolución;

Que el artículo 12 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificado por el artículo 5 de la Resolución CRA 936 de 2020, estableció que las medidas contenidas en dicha resolución se aplicarían por el término de la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con las excepciones señaladas en el referido artículo;

Que, de acuerdo con el informe de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD “Resumen ejecutivo de reporte de empresas de acueducto resolución SSPD 20201000009825 y 20201000010125, consolidado al mes de septiembre”, de los 98.570 suscriptores y/o usuarios residenciales con servicio cortado a 29 de febrero de 2020, se reconectó el servicio a 66.059 al 30 de septiembre de 2020. Asimismo, indica que de los 206.368 suscriptores y/o usuarios residenciales con el servicio suspendido al 29 de febrero de 2020, se reinstaló el servicio a 166.777 a corte del 30 de septiembre de 2020;

Que según Fitch ratings^[2], S&P ratings^[3] y Deloitte^[4], se prevé en 2020 y 2021 un impacto en la generación de flujo de caja operativo de las personas prestadoras debido a la reducción del EBITDA y a las variaciones negativas de capital de trabajo, asociadas a un menor recaudo, principalmente en el sector comercial e industrial, lo cual, dependerá de la duración de la emergencia sanitaria, así como de la disposición y capacidad de los usuarios de pagar por el servicio, dado que los servicios no están siendo desconectados por no pago. Por lo tanto, concluye Deloitte^[5], es importante anticipar que esta situación podría poner en riesgo a la suficiencia financiera del prestador, y, por ende, la prestación eficiente y continua del servicio público domiciliario de acueducto;

Que en febrero de 2021, se expidió la “Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: nuevo compromiso por el futuro de Colombia”^[6] y dio inició el Plan Nacional de Vacunación^[7] contra el virus COVID-19;

Que la “Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: nuevo compromiso por el futuro de Colombia” señala que el impacto negativo sobre la liquidez y capital de trabajo de las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, representa un riesgo a su sostenibilidad financiera, por lo cual, una de las líneas de acción previstas en el proceso de reactivación económica corresponde a “Mejorar la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras de servicios públicos”;

Que el artículo 3 del Decreto 580 del 31 de mayo de 2021 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura”, dispuso que: “Para el desarrollo de todas las actividades económicas, sociales y del Estado, el Ministerio de Salud y Protección Social, expedirá los criterios y condiciones que permitan el desarrollo de estas actividades, de acuerdo con las condiciones epidemiológicas, disponibilidad del servicio de salud del territorio y el avance en la ejecución del plan nacional de vacunación. Sin perjuicio de las ya señaladas en la Resolución 738 del 26 de mayo del 2021, por la cual se prorrogó la emergencia sanitaria, y demás normas vigentes expedidas, por el Ministerio de Salud y Protección Social”;

Que en virtud de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 777 de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades economicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas” de manera que se reactiven todos los sectores donde se desarrolla la vida cotidiana de la población colombiana observando en todo caso las normas de autociudado y el protocolo de bioseguridad que debe ser implementado y adoptado a fin de propiciar el retorno gradual y progresivo a todas las actividades;

Que con el fin de asegurar haya suficiente liquidez para que las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto puedan asegurar el cumplimiento de las metas para los indicadores de cobertura, calidad y continuidad asociados al plan de inversiones del prestador se requiere modificar las disposiciones del artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificado por el artículo 4 de la Resolución CRA 936 de 2020, para que se puedan iniciar las actividades de suspensión y/o corte del servicio como lo prevé la Ley 142 de 1994, de tal manera que se concilie el criterio tarifario de suficiencia financiera de las personas prestadoras, con los intereses de los suscriptores y/o usuarios del servicio público domiciliario de acueducto, quienes podrán suscribir acuerdos de pago con la persona prestadora con el fin de evitar que el valor de la deuda que generó la suspensión o corte del servicio y de los consumos no pagados durante la emergencia siga incrementándose. Estos acuerdos podrán ser solicitados por los suscriptores y/o usuarios a las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto;

Que las acciones previstas en los artículos 130, 140 y 141 de la Ley 142 de 1994 permiten que las personas prestadoras cuenten con instrumentos para asegurar el pago oportuno de las facturas por concepto de la prestación del servicio de acueducto por parte de los suscriptores y/o usuarios, y así se garantice la recuperación de los costos y gastos de la prestación del servicio público de acueducto;

Que de acuerdo con la Sentencia T -204 de 2014 y Sentencia C-131 de 2004, el Estado no puede súbitamente alterar su posición y los criterios que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a éstos un período de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. Adicionalmente, el Estado debe ofrecer alternativas que lleven a soluciones legítimas y definitivas a sus expectativas. Así, determina la Corte Constitucional que “(…) la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar. (…)”^[8];

Que de acuerdo con lo anterior, considerando la importancia del servicio público de acueducto en la reactivación económica del país se debe modificar el artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificado por el artículo 4 de la Resolución CRA 936 de 2020, en el sentido de señalar que a partir del 31 de agosto de 2021 se contará el periodo de facturación adicional para reiniciar las acciones de corte y suspensión del servicio;

Que, de acuerdo con la Resolución 738 de 2021, la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 está vigente hasta el 31 de agosto de 2021 y de acuerdo con el artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificado por el artículo 4 de la Resolución 936 de 2020, la medida de corte y suspensión se aplicará a partir de la terminación de dicha emergencia sanitaria y un periodo de facturación adicional;

Que se hace necesario mantener la señal del parágrafo 2 del artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020 adicionado por el artículo 4 de la Resolución CRA 936 de 2020, para que las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto puedan ofrecer acuerdos de pago a los suscriptores y/o usuarios residenciales, como mecanismo para recuperar las deudas que ocasionaron la suspensión o corte del servicio de los suscriptores y/o usuarios y los consumos no pagados durante la emergencia sanitaria;

Que la Corte Constitucional^[9] ha señalado que los acuerdos de pago protegen los intereses de las empresas de servicios públicos; procuran la protección debida a los derechos fundamentales involucrados pues permiten que la deuda por concepto de facturas atrasadas sea cancelada progresivamente; y garantizan que la población vulnerable tenga acceso al suministro continuo de los servicios públicos esenciales. De igual forma, constituyen una manera de salvaguardar el derecho fundamental al agua y a su vez permitir la suficiencia financiera de las empresas de servicios públicos esenciales;

Que frente al servicio público de aseo, en lo relacionado con el costo de lavado y desinfección de áreas públicas a transferir vía tarifa al usuario, el artículo 8 de la Resolución CRA 911 de 2020 modificado por el artículo 2 de la Resolución CRA 921 de 2020, dispuso que después de tres (3) meses de finalizado el período de emergencia sanitaria, y por los siguientes seis (6) meses, el Costo de Lavado y Desinfección de Áreas Públicas incurrido, podría ser incorporado en el Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CLUS), sin perjuicio de que la persona prestadora pudiera gestionar aportes de los entes territoriales, calculado de la forma prevista en dicho artículo;

Que el artículo 9 de la Resolución CRA 911 de 2020 fue modificado por el artículo 3 de la Resolución CRA 921 de 2020, en lo atinente a los costos por la prestación de las actividades de lavado y desinfección de áreas públicas, a reconocer por vía tarifaria, indicando que los mismos corresponden a los causados en el periodo comprendido entre el 18 de marzo y la entrada en vigencia de dicha resolución;

Que respecto del artículo 9 antes citado, se hace necesario realizar precisiones en el contenido del cuadro de rubros a diligenciar para calcular el costo de referencia de lavado y desinfección de áreas públicas, aclarando que el Total de días de dedicación del personal debe dividirse entre el total de días en los cuales estuvo habilitada la medida de lavado y desinfección de áreas públicas;

Que el artículo 10 de la Resolución CRA 911 de 2020 señaló que las personas prestadoras del servicio público de aseo deberían remitir a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, el estudio de costos con los respectivos soportes contables y/o financieros de los costos a incorporar previo a la aprobación de la entidad tarifaria local, así mismo que, los costos incorporados en la tarifa serán cobrados durante los seis (6) meses siguientes, trascurridos los tres (3) meses de terminada la emergencia sanitaria;

Que teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el artículo 10 ibidem, 46 personas prestadoras del servicio público de aseo ya cumplieron con la obligación de remitir el estudio de costos de lavado y desinfección de áreas públicas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, por lo tanto, no se requerirá una nueva remisión, dado que esta Entidad ya emitió el respectivo concepto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2883 de 2007;

Que se estimó el impacto de la incorporación de Costos de Referencia de Lavado y Desinfección de áreas Públicas- en la tarifa del servicio público de aseo, de acuerdo con la información contenida en los estudios de costos remitidos a esta Comisión de Regulación por parte de las personas prestadoras, encontrando que dicho incremento correspondería al 0,949% en el segmento 1 y del 6,827% en el segmento 2 para un periodo de seis

(6) meses y a un incremento del 0,475% y 3,414% para un periodo de doce (12) meses en los municipios de primer y segundo segmento de la Resolución CRA 720 de 2015, respectivamente;

Que considerando la necesidad de las personas prestadoras de recuperar los costos por el lavado y desinfección de áreas públicas en los que incurrieron en el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 hasta el 18 de junio de 2020, pero también teniendo en cuenta que dicho cobro podría tener una implicación en el incremento de las tarifas de aseo, se hace necesario modificar los artículos 8, 9 y 10 de la Resolución CRA 911 de 2020;

Que en consideración a la modificación de la vigencia de la aplicación de las medidas contenidas en la Resolución CRA 911 de 2020 referidas a la prohibición de las actividades de suspensión y corte del servicio de acueducto y al inicio del cobro vía tarifa de los costos incurridos entre el 18 de marzo y 18 de junio de 2020 por parte de las personas prestadoras del servicio público de aseo por la realización de la actividad de lavado y desinfección de áreas públicas, se hace necesario modificar el artículo 12 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificado por el artículo 5 de la Resolución CRA 936 de 2020;

Que el Capítulo 3, del Título 6, Parte 3, del Libro 2, del Decreto 1077 de 2015, señala las reglas mínimas para garantizar la divulgación y participación en las actuaciones de las Comisiones de Regulación;

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, por la cual se dictan normas en materia de protección a la competencia, modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio puede rendir concepto previo sobre los proyectos de regulación que puedan incidir sobre la libre competencia en los mercados, para lo cual las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan expedir;

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 2897 de 2010, compilado en el Decreto 1074 de 2015, y habiendo diligenciado el cuestionario que para el efecto adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 44649 del 25 de agosto de 2010, se determinó que el contenido del presente acto administrativo no tiene incidencia sobre la libre competencia en los mercados, razón por la cual no fue puesto en conocimiento para efectos de la emisión del concepto de abogacía de la competencia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio;

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificado por el artículo cuarto de la Resolución CRA 936 de 2020, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 5. SUSPENSIÓN Y CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO. Durante el término establecido en el artículo 12 de la presente resolución, las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto no podrán adelantar acciones de suspensión o corte del servicio a los suscriptores residenciales.

PARÁGRAFO 1. Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto contarán con un plazo de un periodo de facturación adicional, contado a partir de 31 de agosto de 2021, para reiniciar las acciones de suspensión o corte del servicio, a las que se refieren los artículos 3 y 4 de la presente resolución.

PARÁGRAFO 2. Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto podrán ofrecer acuerdos de pago a los suscriptores y/o usuarios residenciales, incluidos los beneficiados con la reinstalación y/o reconexión del servicio de que tratan los artículos 3 y 4 de la presente resolución. Estos acuerdos de pago también podrán ser solicitados a las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto por los suscriptores y/o usuarios. Dichos acuerdos de pago reflejarán la voluntad de las partes y se ceñirán a las normas aplicables sobre la materia.”

ARTÍCULO SEGUNDO. MODIFICAR el artículo 8 de la Resolución CRA 911 de 2020 modificado por el artículo 2 de la Resolución CRA 921 de 2020, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 8. COSTO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS A TRANSFERIR VÍA TARIFA AL USUARIO. Transcurrido un periodo de facturación, a partir del 31 de agosto de 2021, y por los siguientes doce (12) meses a dicha fecha, el Costo de Lavado y Desinfección de Áreas Públicas incurrido entre el 18 de marzo y el 18 de junio de 2020, podrá ser incorporado en el Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CLUS), sin perjuicio de que la persona prestadora pueda gestionar aportes de los entes territoriales. calculado de la siguiente forma:

Donde:

Donde:

ARTÍCULO TERCERO. MODIFICAR el artículo 9 de la Resolución CRA 911 de 2020 modificado por el artículo 3 de la Resolución CRA 921 de 2020, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 9. COSTO DE REFERENCIA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA  El Costo máximo de Lavado de Áreas Públicas, incurrido entre el 18 de marzo y 18 de junio de 2020, será el resultado de la aplicación de los siguientes rubros:

* Pesos diciembre de 2014.

PARÁGRAFO 1. Las labores de lavado y desinfección de áreas públicas de alto tráfico, entre el 18 de marzo y el 18 de junio de 2020, son responsabilidad de las personas prestadoras del servicio público de aseo de no aprovechables en el APS donde realicen las actividades de recolección y transporte.

PARÁGRAFO 2. Se permitirá el reúso de agua en esta actividad siempre y cuando las condiciones de esta sean aptas para el lavado de áreas públicas y los procesos de desinfección requeridos, únicamente entre el 18 de marzo y 18 de junio de 2020.”

ARTÍCULO CUARTO. MODIFICAR el artículo 10 de la Resolución CRA 911 de 2020 el cual quedará así:

“ARTÍCULO 10. REPORTE E INCORPORACIÓN DE COSTOS. Las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán remitir, a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD, el estudio de costos en aplicación de lo dispuesto en la presente resolución, con los respectivos soportes contables y/o financieros de los costos a incorporar en el  previo a la aprobación de la entidad tarifaria local.

La persona prestadora podrá incorporar estos costos en la tarifa a cobrar al usuario final a partir del periodo de facturación siguiente al 31 de agosto de 2021.

Los costos incorporados en la tarifa serán cobrados durante los doce (12) meses siguientes al plazo previsto en el inciso anterior.

PARÁGRAFO: En el evento en que las personas prestadoras del servicio público de aseo hayan remitido a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA el estudio de costos al que se refiere el presente artículo, no deberán remitirlo nuevamente; no obstante, deberán realizar los ajustes relacionados con los (12) doce meses en los que se distribuirá el cobro y la respectiva aprobación de la entidad tarifaria local, dichos ajustes deberán ser reportados a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios- SSPD”.

ARTÍCULO QUINTO. MODIFICAR el artículo 12 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificado por el artículo 5 de la Resolución CRA 936 de 2020, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 12. DURACIÓN DE LA MEDIDA. Las disposiciones contenidas en la presente resolución se aplicarán hasta el 31 de agosto de 2021, de conformidad con la declaratoria de la emergencia sanitaria, por causa del Coronavirus COVID-19, declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020 prorrogada hasta el 31 de agosto de 2021 por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020, 222 y 738 de 2021.

PARÁGRAFO 1. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo, las suspensiones de las variaciones tarifarias de que tratan los literales a) al d) del artículo 2 de la presente resolución cuya aplicación será hasta el 30 de noviembre de 2020.

PARÁGRAFO 2. Finalizada la medida establecida en la presente resolución, para la estimación del Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CLUS), las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por el artículo primero de la Resolución CRA 807 de 2017.”

ARTÍCULO SEXTO. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los xxx (xx) días del mes de XXX de 2021.

JOSE LUIS ACERO VERGEL CHACÓN

Presidente

DIEGO FELIPE POLANÍA

Director Ejecutivo

<NOTAS DE PIE DE PÁGINA>.

1. Art. 87 de la Ley 142 de 1994.

2. Reporte especial de junio de 2020 “Impacto de las Medidas frente al Coronavirus en el Sector de Servicios Públicos en Colombia”, disponible enhttps://www.fitchratings.com/research/es/corporate-finance/covid-19-colombian-utilities-16-06- 2020#:~:text=Impacto%20de%20las%20Medidas%20frente,de%20Servicios%20P%C3%BAblicos%20en%20Colombia&text=En%20el%20c aso%20de%20los,los%20estratos%201%20y%202.

3. Reporte de 10 de diciembre de 2020 “Principales tendencias de la industria en 2021 Sector de servicios públicos América Latina”, disponible en https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/es/pdf/2020-12-10-principales-tendencias-de-la-industria-en-2021-sector-de- servicios-publicos-america-latina.pdf

4. Reporte “Ateniendo el impacto financiero del COVID-19 Los retos de la gestión de caja y el impacto en la liquidez”, disponible en https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ec/Documents/about-deloitte/Atendiendo-el-impacto-financiero-COVID19.pdf

5. Ibídem

6. Adoptada mediante Documento CONPES 4023 de 2021.

7. La primera etapa inicio el 17 de febrero de 2021.

8. Corte Constitucional Sentencia C-131 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

9. Corte Constitucional, Sentencia T-614 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.